La CIG lanza la campaña para pedir un plan de choque para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora
El secretario general de la CIG, Paulo Carril, presentó esta mañana la campaña que desarrollará la central sindical en los próximos meses, bajo el lema “La subida de los precios que la pague el capital. Queremos vivir dignamente”. La CIG reclama que la Xunta de Galicia incluya, en los presupuestos de 2027, un Plan de Choque en el que se articulen toda una serie de medidas para frenar el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora debido a la subida generalizada de los precios y anuncia la convocatoria de asambleas de delegados y delegadas el día 8 de octubre y movilizaciones en las ciudades el 1 de diciembre.
En la rueda de prensa Carril alertó de que el crecimiento constante e imparable de los precios de la electricidad, de los combustibles, de los productos de primera necesidad y de la vivienda está “llevando a la ruina al pueblo y a las clases trabajadoras”. Una situación que empeora por el deterioro de los servicios públicos y el retroceso en las políticas sociales.
Subidas descontroladas, agravadas por la sequía, que atribuyó a las guerras imperialistas y a la ofensiva belicista de EEUU con la “obediencia de la UE y el entreguismo del Estado español”. Una “peligrosa” deriva militarista que, denunció, “está aumentando escandalosamente el gasto militar de los Estados y el criminal papel de la OTAN”.
En este contexto Carril subrayó que la inflación, que en Galicia fue la segunda más elevada del Estado en el mes de agosto, está incrementando las deudas de las familias. Un encarecimiento de la vida que, denunció, “viene a multiplicar los efectos negativos de las precarias modalidades de contratación impuestas por las sucesivas reformas laborales -a tiempo parcial, fija-discontinua, ETT...- que impiden tener condiciones laborales y salariales estables y con derechos”.
El secretario general de la CIG contrastó esta situación con el enriquecimiento imparable de las empresas del IBEX, que están obteniendo “beneficios astronómicos”. Una realidad frente a la que denunció la inacción de los gobiernos que, dijo, “demuestran poca voluntad para darle solución a esta cruda situación que padecemos la mayoría social”.
Por eso, frente al lamento, llamó a reaccionar y a movilizarse ante los gobiernos y la patronal porque “pretenden que la clase trabajadora gallega pague, una vez más, esta nueva crisis, como pasó con las anteriores”.
Medidas
Para la CIG la primera medida pasa por que se paralice el incremento de los gastos militares y que el dinero se destine a protección social, servicios públicos y un sistema público gallego de atención a las personas.
La CIG reclama, además, la intervención pública en los sectores estratégicos, entre los que Carril señaló el financiero, el energético, la alimentación, vivienda y movilidad, para garantizar unos mínimos de bienestar social.
La central sindical exige que se fije en los 1.374 euros mensuales el SMI, con carácter retroactivo desde el 1 de julio de este año, para cumplir ya la Carta Social Europea y que se garantice el carácter no compensable ni absorbible de ninguno de los complementos salariales. A este respecto, Carril reclamó que se apruebe la descentralización del Salario Mínimo Interprofesional “para que en Galicia tengamos competencia para mejorar el estatal”.
El secretario general de la CIG defendió el derecho a la negociación colectiva para que se garantice el poder adquisitivo de los salarios y las cláusulas de revisión salarial conforme al IPC, garantizando la prevalencia de los convenios gallegos frente a los estatales.
La CIG considera esencial que los gobiernos fijen por ley precios populares en productos básicos de alimentación y precios justos para quienes los producen. Por eso, Paulo Carril demandó “actuaciones contra quien especula en los mercados, contra las empresas energéticas y del comercio de alimentación”.
Ante la situación en la que se encuentra la vivienda, con los precios disparados, la central sindical exige que se prohíban los desahucios, que se congelen las cláusulas de las rentas de los alquileres y que no se apliquen las subidas de intereses a las hipotecas.
Esto junto con un plan de acción que ponga a disposición inmediata todas las viviendas de la SAREB para los sectores sociales más necesitados y a la Intervención del mercado de la vivienda “fijando los precios máximos de alquiler acordes con el salario medio del lugar”, que obligatoriamente deberán cumplir los grandes tenedores, además de la creación de un Banco Gallego de Vivienda para alquiler social.
Empresa pública gallega de electricidad
La CIG reclama que se garantice la energía al servicio del pueblo y que se cree, para ello, una empresa pública gallega de electricidad, que se apruebe una Tarifa Eléctrica Gallega, abaratando la factura de la electricidad y que se reforme el marco legal para limpiar de la factura los cargos que no tengan relación directa con el funcionamiento del sistema eléctrico, eliminando el mercado marginalista, cambiando el sistema de fijación de precios y desvinculando los precios de electricidad y gas.
La central sindical considera imprescindible que el Gobierno fije un precio máximo de gasolina y diésel mientras no se estabilicen los precios y no se avance en una solución fiscal justa, tomando como base el precio medio en las gasolineras a 24 de febrero de 2022.
Junto con esto, demanda el refuerzo de los servicios de movilidad, aumentando las frecuencias y ampliando los horarios, para facilitar los desplazamientos, reduciendo las exigencias para el acceso a mayores descuentos y ampliando los trayectos gratuitos.