La Fiscalía reivindica para las personas con discapacidad un modelo basado en la autonomía, la dignidad y la igualdad
El Parlamento de Galicia acoge hoy y mañana la jornada “Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial”, organizada por la Fundación Æquitas, el Parlamento de Galicia y el Colegio Notarial de Galicia. El encuentro reúne a representantes de la judicatura, del notariado, de la Fiscalía y del movimiento asociativo para analizar los avances normativos y los retos pendientes en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
La inauguración estuvo presidida por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, y contó con la participación de la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza; del vicesecretario-tesorero del Consejo General del Notariado, Jorge Prades López; del magistrado delegado de discapacidad del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Germán María Serrano Espinosa; y del decano del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, José María Graíño Ordóñez.
Durante su intervención, la fiscal superior destacó que la protección de las personas con discapacidad constituye «una cuestión esencial de Estado», vinculada directamente «a la dignidad, a la igualdad real y efectiva y a la capacidad de cada persona para decidir sobre su propia vida».
Carmen Eiró repasó la evolución legislativa experimentada en las últimas décadas y puso de relieve el profundo cambio de paradigma impulsado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley 8/2021. Según explicó, el ordenamiento jurídico español abandonó definitivamente un modelo basado en la sustitución de la voluntad de la persona para avanzar hacia otro centrado en los apoyos y en el respeto a su autonomía.
«Pasamos de una visión paternalista a una visión basada en los derechos. Pasamos de proteger sustituyendo a proteger acompañando», afirmó la fiscal superior, quien incidió en que «lo esencial ya no es decidir por la persona, sino facilitar que ella misma pueda decidir, de acuerdo con su voluntad, sus deseos y sus preferencias».
En representación del Ministerio Fiscal participan en el encuentro la fiscal de Sala coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra Crespo, y el fiscal delegado de Protección de Personas Mayores y con Discapacidad en Galicia, Santiago Miguel Cruces, que analizarán los instrumentos de apoyo y protección previstos en el ordenamiento jurídico para las personas en situación de vulnerabilidad.
A lo largo de las dos jornadas se abordarán las experiencias de las propias personas con discapacidad tras la entrada en vigor de la Ley 8/2021, los retos actuales de la guarda de hecho, la promoción de la autonomía personal y la protección patrimonial, así como las medidas de apoyo voluntarias y judiciales destinadas a garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.
La fiscal superior destacó también los avances normativos más recientes en materia de accesibilidad, inclusión y vida independiente, y subrayó que la evolución legislativa vivida en los últimos años «es el reflejo de una transformación más profunda: la de nuestra manera de entender a la persona, su dignidad y su lugar en la sociedad».
Asimismo, agradeció la labor desarrollada por la Fundación Æquitas y por el Colegio Notarial de Galicia en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, destacó que la función de las instituciones jurídicas va más allá de la aplicación técnica de las normas y debe orientarse a la protección efectiva de las personas más vulnerables.
Eiró también puso en valor el significado institucional de la celebración de estas jornadas en la sede de la Cámara gallega. «Que el Parlamento de Galicia abra sus puertas para hablar de discapacidad es un gran gesto, una declaración de intenciones. Es decirle a la ciudadanía que esta Cámara escucha, ve y legisla pensando en todos y todas, sin excepción», manifestó.
La fiscal superior concluyó recordando que «la verdadera medida de un sistema jurídico no está solo en su complejidad técnica, sino en su capacidad para garantizar que cada persona pueda vivir con dignidad, libertad y seguridad».
El papel de la Fiscalía en la protección de las personas con discapacidad y de las personas mayores
La actuación del Ministerio Fiscal en este ámbito tiene como finalidad garantizar los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad y de las personas mayores en situación de vulnerabilidad. La Fiscalía vela porque las medidas de apoyo que puedan necesitar estas personas respeten siempre su voluntad, sus deseos y sus preferencias, supervisando además la actuación de las personas o instituciones que les prestan apoyo.
También promueve las actuaciones judiciales necesarias cuando existen situaciones de riesgo, abuso, desprotección o vulneración de derechos, e interviene en los procedimientos relacionados con el establecimiento, revisión y control de las medidas de apoyo previstas en la legislación vigente.
En el caso de las personas mayores, la Fiscalía desempeña igualmente una función esencial en su protección frente al abandono, los malos tratos, los abusos económicos o cualquier otra situación que pueda comprometer su seguridad, su patrimonio o su dignidad personal. Su actuación procura garantizar que todas las personas, con independencia de su edad o de sus circunstancias, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y con las máximas garantías.