La vivienda, protagonista de la sesión de control en el Parlamento gallego con anuncios de la Xunta y críticas de la oposición
La vivienda se convirtió este miércoles en el principal asunto de la sesión de control del Parlamento de Galicia, con un cruce de acusaciones entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los líderes del PSdeG y del BNG, José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón. El debate no dejó de lado los decretos aprobados por el Gobierno tras la convocatoria de elecciones sobre vivienda.
Durante el pleno, Rueda anunció una nueva línea de ayudas de 7 millones de euros destinada a los ayuntamientos para impulsar la construcción de vivienda pública municipal, mientras la oposición puso el foco en la demanda existente, en la ejecución de las promesas del Gobierno gallego y en las medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Rueda explicó que esta nueva línea permitirá financiar con hasta 80.000 euros cada hogar y que las viviendas resultantes mantendrán su carácter público de manera permanente. Además, serán adjudicadas a través del Registro Único de Demandantes de Vivienda.
El presidente de la Xunta aseguró que la vivienda es «una absoluta prioridad para la Xunta» y destacó que a lo largo de 2026 habrá 4.670 viviendas públicas en marcha. Según los datos aportados por Rueda, 2.100 ya han sido licitadas en los primeros nueve meses del año, otras 600 serán licitadas antes de que termine 2026 y 1.860 están actualmente en construcción, a las que se suman pisos rehabilitados o adquiridos por la Administración autonómica.
El mandatario gallego recordó también el compromiso de la Xunta de duplicar el parque público de vivienda antes de que termine 2028 y citó otras medidas como la promoción de 20.000 viviendas protegidas mediante colaboración público-privada, las reservas de viviendas en alquiler y los avales y rebajas fiscales destinados a la juventud.
El PSOE
Frente a estos anuncios, el secretario general del PSdeG y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionó el balance del Ejecutivo autonómico en materia de vivienda. Durante su intervención, aseguró que 36.500 familias están a la espera de un piso público, según el registro de la propia Xunta, mientras que a lo largo de la actual legislatura se han entregado 98 viviendas, 74 en Pontevedra y 24 en Santiago.
Besteiro utilizó unas llaves durante su intervención para simbolizar, según explicó, la situación de las personas que buscan una vivienda. «Este es el sonido de las calles. ¿Lo identifica? Debería, porque es el sonido de la impotencia», trasladó a Rueda.
El líder socialista afirmó que la lista de espera para acceder a una vivienda pública aumentó un 140 % desde 2022 y acusó al PP de llevar 17 años gobernando Galicia sin dar una respuesta suficiente a la situación habitacional. También criticó el rechazo de los populares a distintas iniciativas y decretos estatales relacionados con la vivienda y defendió medidas para frenar los desahucios, limitar determinadas prácticas especulativas y ampliar la protección de los alquileres.
Besteiro se refirió además a la pérdida de vivienda protegida. Según una respuesta de la propia Consellería de Vivienda al Grupo Socialista, 561 pisos protegidos pasaron al mercado libre antes de tiempo durante la última década. El socialista aseguró también que las 98 viviendas entregadas durante la legislatura están muy lejos de las 4.000 que, según afirmó, Rueda había prometido para este período.
El BNG
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó que toda la vivienda pública que se construya en Galicia se destine al alquiler social y pidió a la Xunta que movilice las viviendas vacías para incorporarlas al mercado a precios accesibles.
Pontón responsabilizó al Gobierno gallego de la situación habitacional y criticó que la Xunta no declare más zonas tensionadas, además de cuestionar la proliferación de viviendas de uso turístico y la evolución de los precios de la vivienda protegida.
La líder nacionalista aseguró que la Xunta había prometido 1.800 viviendas de alquiler social para 2026 y que, según los datos que maneja, solo se han entregado 98. «¿Va a cumplir su promesa o esto no es más que humo?», preguntó a Rueda.
Pontón también criticó la política fiscal de la Xunta y las medidas destinadas al sector inmobiliario, al considerar que favorecen la especulación, y reclamó actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda para la juventud y las familias con menos recursos.
Durante su intervención, la portavoz del BNG empleó también unas llaves como símbolo de las movilizaciones sociales por la vivienda y aseguró que la situación está generando un creciente malestar entre la ciudadanía. Además, defendió que las zonas tensionadas pueden contribuir a reducir los precios de los alquileres y reclamó a la Xunta que haga uso de sus competencias exclusivas en materia de vivienda.
El debate parlamentario dejó así sobre la mesa dos visiones contrapuestas. Mientras el Gobierno gallego reivindica el incremento de la promoción de vivienda pública y anuncia nuevas vías de colaboración con los ayuntamientos, PSdeG y BNG ponen el foco en la lista de espera, en el número de viviendas efectivamente entregadas y en la necesidad de aplicar medidas para contener los precios de los alquileres y facilitar el acceso a un hogar.