La Xunta alerta de que los nuevos deslindes podrían incorporar 2.511 edificaciones al dominio público del litoral gallego
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que el Gobierno gallego exigirá al Ejecutivo central que retire su propuesta para modificar los criterios técnicos con los que se establecen los deslindes de la costa. La Xunta advierte de que el cambio podría ampliar hasta más de 156 kilómetros cuadrados el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en Galicia e incorporar a esta superficie 2.511 edificaciones que actualmente quedan fuera de ella.
Según las estimaciones realizadas por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, la modificación supondría un incremento de 6,53 kilómetros cuadrados de la superficie actual del DPMT, hasta superar los 156 km², una extensión equivalente a más de cuatro veces el término municipal de A Coruña. Entre las construcciones que podrían quedar incluidas en esta nueva delimitación hay, según explicó Rueda, “depuradoras, pabellones o industrias”.
El presidente advirtió de que, en el caso de que estas edificaciones pasasen a situarse en terrenos de dominio público, podrían llegar a ser expropiadas “sin tener que hacer desembolsos económicos”. La Xunta calcula, además, que los cambios podrían poner en riesgo más de 2.500 edificaciones costeras en Galicia.
El Consello da Xunta tomó razón este lunes de las alegaciones que la Administración autonómica presentará esta semana durante el período de información pública del Real Decreto por el que se adoptan medidas para la gestión de los riesgos de inundación. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inició su tramitación el pasado mes de julio e introdujo en este texto los cambios en los criterios técnicos para establecer los deslindes.
La principal modificación afecta al criterio empleado para determinar la línea del dominio público marítimo-terrestre. Hasta ahora, para establecer el deslinde se exigía que el mar alcanzase una determinada cota de manera recurrente, concretamente en cinco ocasiones en un período mínimo de cinco años.
La propuesta del Gobierno central sustituiría este criterio por la referencia a la máxima ola registrada en un momento concreto, tomando como base una serie histórica con un período “indefinido y abierto”.
Para la Xunta, esto supone sustituir un criterio técnico basado en el tiempo y en la frecuencia de los temporales por otro absoluto, basado en el valor máximo de una serie histórica. En la práctica, advierte, una única ola excepcional podría ser suficiente para determinar una nueva delimitación.
El Gobierno gallego considera que este criterio podría basarse en un acontecimiento aislado que no necesariamente refleje la situación real de la costa y cuestiona también su objetividad por las características de la distribución estadística de las olas y las dificultades para calcular este parámetro.
Rueda señaló además que el Ministerio estaría recuperando con esta propuesta una modificación que ya intentó introducir en 2022 y que fue anulada por el Tribunal Supremo. Según la Xunta, en esta ocasión el cambio se introduce a través de un real decreto destinado a regular una materia diferente, en lugar de incorporarlo a la reforma del Reglamento General de Costas que se tramita de manera paralela.
A esta modificación se suma precisamente la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas, con la que el Gobierno central pretende endurecer el actual régimen de concesiones en el litoral y también sus prórrogas.
La Xunta advierte de más costes y duplicidades
El Gobierno gallego también formuló alegaciones relacionadas directamente con la gestión del riesgo de inundaciones, que constituye el objeto principal del real decreto.
La Xunta considera que el texto introduce nuevas exigencias documentales y administrativas, así como obligaciones y limitaciones de usos en los territorios sometidos a riesgo de inundación. Entre ellas estarían la prohibición de acampadas, la instalación de campings o la celebración de determinados eventos con concentración de personas.
La Administración autonómica advierte de que muchas de estas nuevas obligaciones no vienen acompañadas de criterios técnicos suficientemente claros y homogéneos, por lo que podrían generar diferentes interpretaciones en su aplicación.
También alerta de posibles duplicidades y solapamientos con los instrumentos que ya existen, como los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), así como con los informes de seguimiento y estudios que ya realiza Augas de Galicia.
Otro de los puntos cuestionados por la Xunta son los plazos previstos. Considera que algunos son excesivamente apresurados y que incluso se adelantan a los establecidos por la normativa europea, que contempla calendarios más amplios para su aplicación.
Además, parte de los criterios técnicos necesarios para concretar las nuevas exigencias no estarán disponibles hasta 2028, lo que, según el Gobierno gallego, podría obligar a adaptar o reelaborar trabajos realizados con anterioridad.
Finalmente, el análisis de la Xunta concluye que la aplicación del real decreto supondría un incremento del gasto público para los organismos de cuenca, entre ellos Augas de Galicia. La Administración autonómica señala que estos costes no constan cuantificados ni acompañados de la correspondiente transferencia de los recursos necesarios para poder asumirlos.