La Xunta autoriza contratar la defensa jurídica del Sergas frente al cártel de los absorbentes de incontinencia urinaria
El Consello da Xunta autorizó la contratación del servicio de representación y defensa jurídica para reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados al Servicio Gallego de Salud (Sergas) por el cártel de los absorbentes de incontinencia grave de orina en adultos.
La decisión tiene como base la sanción impuesta en 2016 por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que multó con 128 millones de euros a ocho empresas fabricantes e importadoras de estos productos, a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y a dos personas físicas por su participación en prácticas restrictivas de la competencia.
Según quedó acreditado en la resolución sancionadora, las empresas integrantes del cártel pactaron los precios de los absorbentes para adultos financiados para los pacientes, que llegaron a ser el doble de los precios obtenidos posteriormente en las licitaciones públicas de las diferentes comunidades autónomas.
La Xunta considera que la gravedad de las conductas sancionadas y el importante sobreprecio abonado justifican la reclamación de los daños ocasionados a la sanidad pública. Así, el Sergas realizó previamente un análisis de la información disponible, del que se desprende que entre 2004 y 2014 el gasto mínimo acreditado e identificable con las empresas del cártel ascendió a 140,8 millones de euros.
Para el período anterior, desde 1996, existe actualmente una estimación de aproximadamente 153 millones de euros de gasto con el conjunto de las empresas integrantes del cártel, aunque no se dispone de una desagregación por empresas. Esta cantidad deberá ser concretada mediante la prueba pericial incluida en el objeto de la contratación.
Además, el Sergas encargó a la Universidad de Santiago de Compostela un estudio preliminar para estimar el daño a partir de la información y de los datos disponibles. El trabajo estableció diferentes escenarios e hipótesis con estimaciones graduadas del potencial perjuicio causado a la sanidad pública y sirvió de base para fijar el valor estimado de la contratación autorizada por el Consello da Xunta, que asciende a 6.052.720 euros.
La prueba pericial permitirá completar y analizar la información disponible, delimitar la extensión temporal del daño y determinar el importe exacto de la reclamación, en coordinación con la estrategia procesal de defensa jurídica.
De este modo, el servicio de defensa jurídica y la correspondiente prueba pericial permitirán establecer el gasto demostrable y el menoscabo sufrido por la sanidad pública, con el objetivo de fijar la cuantía definitiva de la reclamación.
La contratación abarca todas las fases del procedimiento, tanto en la vía extrajudicial como en la judicial, incluyendo la preparación de la prueba, la redacción y presentación de los escritos procesales y los posibles recursos que sea necesario interponer.
La Xunta destaca la especial complejidad de estas reclamaciones, tanto por su cuantía y por el elevado número de implicados en las conductas dañosas como por tratarse de un procedimiento relacionado con el derecho de la competencia, sujeto a normas y particularidades específicas.
En este ámbito existe una amplia jurisprudencia menor y reciente que, en algunos casos, presenta criterios contradictorios. Esta circunstancia hace necesaria un abordaje especializado de las numerosas cuestiones jurisdiccionales y de la cuantificación de los daños, en un contexto marcado por la existencia de numerosos procedimientos por vulneración del derecho de la competencia actualmente en tramitación y con importante repercusión social.