Las Comunidades de Montes reclaman cambios en el anteproyecto de la Ley de lucha contra los incendios forestales
La Organización Gallega de Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común (ORGACCMM) presentó ante la Consellería do Medio Rural una impugnación procedimental y un paquete de alegaciones y enmiendas al Anteproyecto de Ley de lucha contra los incendios forestales de Galicia. La entidad solicita la suspensión y retroacción del procedimiento por la ausencia del trámite preceptivo de información pública en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y reclama una modificación profunda de una norma que califica de "profundamente punitiva, injusta e incoherente".
La organización considera que el texto presenta una importante contradicción jurídica y un desequilibrio territorial, ya que clasifica las medidas y franjas de protección como infraestructuras públicas de utilidad pública y protección civil, pero atribuye su ejecución y su coste a las personas propietarias y a las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común (CMVMC). Según denuncia, esta responsabilidad recae sobre ellas bajo la amenaza de sanciones, ejecuciones subsidiarias o incluso la expropiación de los terrenos. Por ello, defiende que la ley debe centrarse en la búsqueda de soluciones a un problema estructural y recurrente como son los incendios forestales, en lugar de priorizar las medidas punitivas.
Una de las principales reclamaciones de la ORGACCMM es la impugnación del procedimiento por la falta de información pública en el DOG. La entidad denuncia que la Xunta dio por cumplida la participación ciudadana mediante una consulta previa realizada antes de la redacción del borrador, sin abrir posteriormente un trámite de audiencia pública sobre los 130 artículos del texto definitivo. A su juicio, esta omisión podría constituir un vicio de nulidad al amparo del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015.
En materia de financiación, la organización reclama que la Administración asuma el coste de la ejecución y del mantenimiento de las franjas de protección, al ser consideradas infraestructuras públicas de protección civil. Como alternativa, propone la formalización de convenios directos y plurianuales con las comunidades de montes, dotados de la correspondiente financiación presupuestaria.
La ORGACCMM también pide blindar la propiedad vecinal frente a posibles expropiaciones o cesiones al Banco de Tierras derivadas de deudas por trabajos de limpieza. Para ello, solicita incorporar una cláusula de salvaguarda que tenga en cuenta el carácter colectivo, inalienable, inembargable, imprescriptible e indivisible de los montes vecinales en mano común, conforme a la normativa que regula este tipo de propiedad.
Otro de los puntos de las enmiendas se centra en el papel de Seaga. La entidad propone eliminar su uso como instrumento coercitivo de cobro y orientar su actividad hacia la ejecución de obras públicas preventivas y a la gestión cautelar, estrictamente transitoria, de los montes que no cuenten con una comunidad de propietarios constituida.
En el ámbito de la investigación de los incendios, la organización propone crear el Observatorio Gallego de Gestión del Territorio e Incidencia de Incendios del Territorio, con el objetivo de realizar diagnósticos técnicos sobre las causas de los incendios y elaborar informes periciales obligatorios para la Fiscalía de Medio Ambiente y los tribunales. La iniciativa incluiría también la publicación de datos abiertos mediante sistemas de información geográfica (GIS).
Las enmiendas abarcan igualmente las infraestructuras energéticas. La ORGACCMM reclama la creación de un registro público de los incendios originados por líneas eléctricas, vías férreas o parques eólicos y solares, en el que se identifique a la empresa titular de las instalaciones. Además, propone avanzar progresivamente hacia el soterramiento del cableado.
La organización defiende también la incorporación de la cultura preventiva en los currículos escolares de Educación Primaria y ESO, con contenidos relacionados con la prevención de los incendios, el monte vecinal y los servicios ecosistémicos, como la conservación del agua, del suelo y de la biodiversidad.
En cuanto a la participación ciudadana, reclama que se garantice la información pública en el DOG y que las asambleas generales de las comunidades de comuneros emitan informes preceptivos durante la elaboración y revisión del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (PLIFOGA), así como de los planes preventivos municipales y de distrito.
La ORGACCMM considera imprescindible que las comunidades de montes participen directamente en la elaboración de las políticas de prevención y reclama a la Xunta la apertura de una mesa de diálogo. "No se puede criminalizar a la propiedad vecinal ni a las víctimas de los incendios. La Xunta debe entender que sin el reconocimiento y la participación directa de las Comunidades de Montes es imposible construir un territorio resiliente frente a los grandes incendios", señala la entidad, que insiste en la necesidad de publicar el trámite de información pública en el DOG antes de continuar con la tramitación parlamentaria.