Las trabajadoras del SAF de Muxía denuncian problemas organizativos y reclaman mayor control de las administraciones
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Muxía denunciaron la situación que atraviesa este servicio desde la entrada de la actual empresa concesionaria, AO Mayores Servicios Sociales. Según explican, los problemas detectados afectan tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la calidad de la atención que reciben las personas usuarias.
La representación de las trabajadoras ha mantenido en los últimos meses distintas reuniones con la empresa y con el Ayuntamiento de Muxía para trasladar sus demandas y también ha presentado varias reclamaciones ante la Inspección de Trabajo. Sin embargo, aseguran que buena parte de las incidencias continúan sin resolverse pese a las actuaciones realizadas y a los requerimientos efectuados por la propia Inspección.
Entre las principales quejas figura la organización del servicio, que según el colectivo provoca cambios frecuentes de auxiliares, modificaciones continuas de horarios y dificultades para garantizar la continuidad de los cuidados. Las profesionales consideran que esta estabilidad resulta fundamental para personas que necesitan atención diaria y una relación de confianza con la trabajadora encargada del servicio.
Las auxiliares denuncian también que desarrollan su labor con planificaciones que cambian de forma constante y con tiempos de desplazamiento que consideran insuficientes para la realidad del medio rural. Según indican, esta situación genera una presión diaria para cumplir horarios que, a su juicio, dificultan prestar la atención que necesitan los usuarios.
Además, señalan la existencia de incidencias relacionadas con la organización de la jornada laboral, cambios unilaterales en los calendarios de trabajo y falta de transparencia en la gestión del servicio, cuestiones que consideran todavía pendientes de solución.
Las trabajadoras subrayan que sus reivindicaciones no se limitan a la mejora de las condiciones laborales, sino que buscan garantizar un modelo de cuidados basado en la estabilidad, la continuidad y la calidad de la atención. En este sentido, reclaman una mayor implicación de las administraciones públicas en el control de un servicio financiado con fondos públicos.
El colectivo considera que tanto el Ayuntamiento de Muxía, como administración contratante, como la Xunta de Galicia, responsable del sistema público de atención a la dependencia, deben velar por el cumplimiento de las condiciones de calidad y de los derechos laborales establecidos por la normativa vigente.
Las profesionales avanzan que continuarán utilizando las vías legales e institucionales a su alcance para defender la mejora del servicio y garantizar una atención digna a las personas dependientes.