Los administradores de fincas proponen a los partidos políticos cinco medidas para mejorar el acceso a la vivienda

El documento dedica también una atención especial a la adaptación de la Ley de propiedad horizontal (LPH) a las nuevas necesidades residenciales
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17 Nov 2026

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), del que forma parte el COAFGA, presentó a los grupos políticos cinco propuestas para mejorar el acceso a la vivienda, coincidiendo con la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre las medidas destacan la división de viviendas de grandes dimensiones, las segregaciones y la creación de nuevos hogares mediante ampliaciones o la construcción de nuevas plantas en edificios existentes.

La entidad elaboró un documento en el que reclama que la vivienda ocupe un lugar prioritario en la agenda política de la próxima legislatura. El Consejo General considera que la situación requiere una política de Estado, coordinada entre las distintas administraciones y mantenida en el tiempo, que vaya más allá de las medidas puntuales y de los cambios legislativos asociados a cada mandato.

Desde la Comisión Legislativa del CGCAFE señalan que el acceso a la vivienda es un problema estructural que precisa de acuerdos políticos duraderos y actuaciones que permitan aumentar de manera efectiva el número de inmuebles disponibles. La organización defiende que no basta con regular el mercado, sino que es necesario actuar sobre la oferta, el alquiler, la seguridad jurídica y la adaptación del parque inmobiliario a las nuevas necesidades residenciales.

La primera de las propuestas consiste en impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda que garantice una estrategia estable y a largo plazo, independientemente de los cambios políticos. Este acuerdo debería incluir la creación de un organismo público promotor de vivienda y gestor estratégico del suelo, encargado de coordinar la movilización de terrenos públicos y privados y facilitar la construcción de viviendas a precios asequibles mediante fórmulas de colaboración público-privada.

El CGCAFE también considera prioritario simplificar los procedimientos de planeamiento urbanístico y agilizar la concesión de licencias de construcción y rehabilitación, ya que los plazos administrativos pueden retrasar durante años el inicio de nuevos proyectos residenciales. La movilización de suelo, la promoción de vivienda protegida y el establecimiento de precios tasados formarían parte de esta estrategia para ampliar la oferta.

En el ámbito del alquiler, la entidad reclama recuperar la seguridad jurídica y el equilibrio entre los derechos de las personas propietarias y de las inquilinas. Para ello, considera necesario establecer un marco normativo estable y previsible que evite cambios legislativos continuados que generen incertidumbre y puedan reducir la oferta de viviendas destinadas al arrendamiento.

Además, propone contar con procedimientos judiciales eficaces que permitan recuperar los inmuebles en plazos razonables cuando se produzcan impagos, terminen los contratos o se incumplan gravemente las condiciones acordadas. Al mismo tiempo, defiende que la protección de las personas y familias vulnerables debe corresponder a las administraciones públicas, mediante políticas sociales y alternativas habitacionales adecuadas.

La organización subraya que la protección de las personas inquilinas y de las familias vulnerables es compatible con la defensa de los derechos de las personas propietarias. En este sentido, considera que las administraciones deben garantizar una respuesta residencial a quienes la necesiten, sin trasladar esa responsabilidad pública a los particulares que deciden poner sus viviendas en alquiler.

Movilizar las viviendas vacías y adaptar la Ley de propiedad horizontal

Otra de las medidas pasa por incorporar al mercado del alquiler habitual las viviendas vacías mediante incentivos que favorezcan su puesta a disposición de manera voluntaria. Entre las propuestas figuran beneficios fiscales, garantías públicas frente a los impagos, seguros para cubrir posibles daños, ayudas para rehabilitar inmuebles que no reúnen las condiciones de habitabilidad y programas públicos de intermediación.

El Consejo General considera que estas actuaciones, acompañadas de alternativas residenciales para las personas arrendatarias que realmente las necesiten y de medidas eficaces frente a las ocupaciones ilegales, permitirían recuperar parte de las viviendas desocupadas y aumentar la oferta en un plazo menor que el necesario para construir nuevas promociones.

El documento dedica también una atención especial a la adaptación de la Ley de propiedad horizontal (LPH) a las nuevas necesidades residenciales. El CGCAFE propone facilitar, siempre que las condiciones técnicas y urbanísticas lo permitan y existan las garantías jurídicas necesarias, la división de viviendas de grandes dimensiones, las segregaciones y la creación de nuevos hogares mediante ampliaciones o nuevas plantas en edificios ya construidos.

La entidad considera que estas actuaciones no deberían verse dificultadas por procedimientos administrativos excesivamente complejos ni por tasas o costes desproporcionados. Por ello, propone simplificar los trámites para modificar los títulos constitutivos y establecer reducciones, bonificaciones o ayudas para los gastos administrativos, notariales y registrales asociados.

Asimismo, reclama revisar y ordenar el régimen de mayorías establecido en la LPH para facilitar los acuerdos de las comunidades de propietarios relacionados con la rehabilitación, la accesibilidad, la eficiencia energética y la modernización de las instalaciones comunes. El objetivo es aportar mayor claridad y seguridad jurídica y evitar que la complejidad de los procedimientos dificulte actuaciones necesarias para conservar y mejorar los edificios residenciales.

Desde el CGCAFE destacan que la propiedad horizontal no debe convertirse en un obstáculo innecesario para crear o ampliar el número de viviendas cuando sea posible desde el punto de vista técnico y urbanístico. Además, consideran que la experiencia directa de los administradores de fincas con el funcionamiento de los edificios y de las comunidades de propietarios debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas de vivienda.

Menos trabas administrativas y planificación a largo plazo

La quinta línea de actuación se centra en la reducción de las trabas administrativas y en la planificación de una política de vivienda a largo plazo. El Consejo General considera necesario revisar los procedimientos que dificultan sin justificación la construcción, la rehabilitación de edificios, los cambios de uso y la transformación del parque inmobiliario existente.

En concreto, propone facilitar la conversión en viviendas de aquellos locales comerciales que han perdido su funcionalidad o interés comercial, siempre que el cambio sea compatible con el planeamiento urbanístico y se puedan cumplir las condiciones técnicas, de seguridad, salubridad y habitabilidad exigibles. Para ello, considera conveniente revisar los requisitos administrativos o técnicos que no aporten una protección efectiva adicional y que, por el contrario, dificulten estas transformaciones.

La entidad reclama también una mayor coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local, así como la creación de mecanismos que permitan evaluar periódicamente los resultados de las políticas públicas.

El CGCAFE concluye que España necesita una política de vivienda basada en la estabilidad, la planificación y la colaboración institucional. La organización defiende que las soluciones deben combinar la construcción de nuevos hogares con la movilización de los ya existentes, la rehabilitación de los edificios y un marco jurídico que genere confianza. Para ello, considera imprescindibles los acuerdos a largo plazo y la evaluación de los resultados, frente a la sucesión continua de medidas coyunturales.

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