Los Mineros de Touro-O Pino acusan a Ana Miranda de utilizar la comarca como «moneda de cambio político»
La Asociación de Mineros de Touro-O Pino respondió a las declaraciones de la eurodiputada del BNG Ana Miranda sobre el proyecto minero Cobre San Rafael, al que defiende como una oportunidad para impulsar el empleo y la actividad económica en la comarca y para abordar los pasivos ambientales que arrastra la antigua explotación. La entidad rechaza las afirmaciones de la representante política y la acusa de trasladar a las instituciones europeas cifras que considera inexactas y una imagen de rechazo social que, a su juicio, no refleja la realidad del territorio.
En un comunicado difundido este miércoles, 14 de octubre, la asociación sostiene que la Comisión Europea disponía de información sobre el proyecto y las críticas que suscitaba antes de incluirlo, en octubre de 2026, en su relación de 46 proyectos estratégicos al amparo del Reglamento de Materias Primas Críticas. Según recuerda la entidad, la iniciativa fue seleccionada entre 102 solicitudes tras evaluar sus estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
La asociación considera «insostenible» la afirmación de Ana Miranda de que la Comisión Europea no contaba con toda la información necesaria para tomar la decisión. Como argumento, señala que organizaciones ecologistas, plataformas contrarias a la mina y formaciones políticas como el BNG, Podemos e Izquierda Unida trasladan desde 2018 peticiones e iniciativas de control a las instituciones comunitarias.
También recuerda que, en 2019, la propia Ana Miranda viajó a Bruselas con representantes de las plataformas para presentar tres denuncias ante la Comisión de Peticiones. Además, indica que en 2023 el BNG volvió a alertar ante las instituciones europeas sobre la presencia de metales pesados en el entorno de la mina, unos datos que, según la asociación, fueron rebatidos por informes elaborados por grupos de investigación de las universidades públicas gallegas.
Uno de los principales puntos de desacuerdo se centra en el número de explotaciones agrícolas y ganaderas que podrían verse afectadas por la reapertura de la mina. La entidad reclama a Ana Miranda que explique el origen de la cifra de cerca de 200 explotaciones que, según la eurodiputada, resultarían perjudicadas por el proyecto.
Por el contrario, la asociación asegura que, según la información recogida en el Estudio de Impacto Ambiental, las explotaciones agrícolas y ganaderas documentadas en el entorno son aproximadamente diez. Por ello, considera irresponsable difundir una cifra que multiplica por veinte esa cantidad sin aportar una justificación.
La entidad también cuestiona las referencias a las 1.500 alegaciones contrarias al proyecto durante su tramitación. Según afirma, se presentaron más de 6.000 alegaciones favorables, un dato que, a su entender, no se está teniendo en cuenta en el debate público.
Los mineros sostienen que los vecinos y vecinas de Touro y O Pino están cansados de que se utilicen cifras que consideran parciales y de que se silencie la opinión de quienes apoyan la iniciativa.
Defiende la reapertura como vía para solucionar los pasivos ambientales
La Asociación de Mineros de Touro-O Pino también rebate la afirmación de que la mina fue rechazada por la Xunta de Galicia. En este sentido, recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia anuló la declaración de impacto ambiental negativa, una resolución que, según la entidad, dio la razón a la empresa promotora.
El colectivo pone el foco en los pasivos ambientales que permanecen en la zona desde el cierre de la explotación minera en los años ochenta, antes de la entrada en vigor de la actual legislación ambiental. Según defiende, estos problemas llevan décadas sin una solución, pese a los sucesivos gobiernos de distintas orientaciones políticas.
La asociación considera que el proyecto Cobre San Rafael constituye la única alternativa real y financieramente viable para acometer la restauración ambiental del entorno. En su opinión, sin una actividad minera en funcionamiento no se movilizarán los recursos necesarios para resolver un problema que, asegura, lleva cuarenta años sin resolverse.
La entidad subraya que cuenta con más de 1.800 socios, personas que viven y trabajan en la comarca y que ven en el proyecto una oportunidad para crear empleo, dinamizar la economía y ofrecer perspectivas de futuro al territorio.
La asociación reconoce que existe oposición a la iniciativa y defiende el derecho de los colectivos contrarios a expresar su postura. Sin embargo, rechaza que una única posición se presente como representativa de toda la comarca y asegura que hay miles de personas en Touro y O Pino que apoyan el proyecto.
«La comarca no es moneda de cambio político», sostiene la entidad, que denuncia que el territorio se está utilizando como escenario de confrontación política.
Finalmente, la asociación reclama a Ana Miranda y al resto de representantes políticos que trasladen a las instituciones europeas información contrastada y cifras verificables. Recuerda que el proyecto continúa en tramitación ambiental y que corresponde a la Xunta de Galicia evaluarlo conforme a los criterios técnicos y legales establecidos.
La entidad concluye que la comarca merece información rigurosa y que la voz de las personas que apoyan el proyecto debe recibir la misma atención que la de sus detractores.