Los sectores de atención social se unen para acabar con la precariedad de personal y personas usuarias
Trabajadores y trabajadoras del sector de formación, protección y cuidados —público y privado— acaban de unificar sus luchas, sin respuesta por parte de la Xunta de Galicia, para denunciar la precariedad que padecen y las consecuencias que esto tiene para las personas usuarias de los distintos servicios. Por ello, esta mañana se concentraron delante de la Xunta de Galicia para presentar el calendario de movilizaciones que desarrollarán en los próximos meses, para reclamar la creación de un Servicio Público Gallego de Atención a las Personas que garantice condiciones dignas para personal y personas usuarias y hacer entrega de un escrito dirigido a la conselleira en el que le trasladaron sus demandas.
CIG, CUT y SNEP llevan años denunciando la situación, tanto laboral como profesional, de las Escuelas Infantiles 0-3, de los Centros de Protección a Menores y Reforma Juveniles, de las Residencias de Mayores, de los Centros de Día, de los Centros de Noche, de las Viviendas Tuteladas y de los Hogares Residenciales, de los Centros de Atención a la Diversidad, de los Servicios de Ayuda en el Hogar, equipos de valoración de la discapacidad y dependencia, atención temprana a la discapacidad, equipos de protección de la infancia. Servicios que el Gobierno del PP en la Xunta viene desmantelando y precarizando con políticas privatizadoras para hacer de ellos un nuevo negocio a costa de las personas más vulnerables.
Como recordaron en la comparecencia, la crisis de la COVID-19 puso más de manifiesto que nunca la necesidad de poner la formación, la protección de los más vulnerables y los cuidados en la prioridad de las políticas públicas y, por tanto, la urgencia de más inversión pública en servicios de atención a las personas.
Sin embargo, consideran que es evidente “la ineficacia de la prestación de servicios de atención social, en la formación, protección y cuidados por parte de las entidades públicas y privadas”, con la dejadez e irresponsabilidad del Gobierno del PP que seis años después sigue sin adoptar medidas que garanticen una atención adecuada y de calidad. “Son manifiestas las carencias de personal y material, falta de protocolos homogéneos de funcionamiento, abusos patronales e importantes niveles de explotación laboral y precariedad”. Una situación que, advirtieron, “tiene un componente de género al ser sectores muy feminizados”.
Tal y como alertaron, los servicios públicos son la única garantía para una atención digna. Por ello denunciaron que “no es de recibo que los cuidados, la protección, formación y la salud de estas personas vulnerables sigan guardando relación con los beneficios y fluctuaciones en bolsa de los fondos de inversión, multinacionales o fondos buitre que están detrás de las concesionarias de estos servicios públicos”, denunciaron.
Ante esta situación, CIG, CUT y SNEP defienden la gestión directa por las Administraciones Públicas de todos los servicios públicos. Exigen que los recursos y servicios sociales de atención a las personas dejen de ser una actividad socialmente poco valorada y en condiciones precarias, para pasar a ser considerados servicios esenciales a prestar por la Administración Pública en condiciones de calidad asistencial para las personas y con condiciones de trabajo dignas y estables para el personal.
Por ello, reclaman la creación de un Sistema Público Gallego de Servicios de Atención a las Personas, integrado por una única red pública que abarque los centros educativos para el ciclo 0-3, que deben encuadrarse en la Consellería de Educación; centros de menores tanto de protección como de reforma juveniles; centros asistenciales y residenciales de mayores; centros de día, centros de noche, viviendas tuteladas y hogares residenciales; centros de atención a la discapacidad: asistenciales, de empleo y educativos; SAF y otros recursos como Casas Niño, Casas del/a Mayor, Xantar na Casa, Transporte Adaptado, EVO, equipos de menores o atención temprana a la discapacidad, entre otros.
Para todos estos servicios exigen dotación suficiente tanto de infraestructuras y material como de recursos humanos. Una red pública en la que se integren también todos los SAF, para los que exigieron la negociación con los agentes sociales de un convenio colectivo único que recoja unas condiciones laborales y salariales dignas.
Junto a esto, demandan, en la prestación de servicios a las personas beneficiarias, que se priorice la atención a través de esta red de recursos públicos, antes que las ayudas económicas junto con la eliminación de todo tipo de copagos en la atención formativa, de protección y cuidados, mediante la aprobación de una cartera de servicios y precios públicos.
Consideran imprescindible el incremento de los equipos de valoración de la discapacidad y dependencia, así como de los equipos de protección del menor, para agilizar los trámites, así como el incremento y adecuación de los presupuestos públicos destinados a este fin, además de los dirigidos a la promoción de la autonomía personal y el envejecimiento activo y a la protección de la infancia vulnerable, al despliegue efectivo y ágil de la ley de dependencia.
Del mismo modo, exigirán la transferencia para Galicia de todas las competencias y recursos públicos para desarrollar, aplicar y ampliar la Ley de Dependencia y la elaboración de protocolos que garanticen la seguridad y la salud de las personas trabajadoras ante cualquier situación de violencia en el trabajo.
Las organizaciones sindicales han acordado priorizar la mejora de las condiciones laborales, sociales y salariales mediante la negociación colectiva, abriendo mesas de diálogo tanto en el ámbito privado, a través del Consello Galego de Relacións Laborais, como en el público, con la Dirección General de Función Pública. Responsabilizan a la Xunta de Galicia, concretamente a la Consellería de Política Social, de la situación actual y advierten de que su negativa a negociar no frenará la defensa de mejoras como la bajada de las ratios, la reducción de la carga de trabajo, más personal especializado y salarios dignos y justos.
Para el día 15 de octubre, a las 11:30 horas, tienen previstas concentraciones delante de los edificios administrativos de la Xunta de Galicia en Santiago, así como en los centros de trabajo a lo largo del día; el 14 de noviembre, a las 11:00 horas, convocan una manifestación nacional con salida de la Alameda y en diciembre, una concentración en el Parlamento el día de la presentación y debate de los presupuestos de la Xunta para 2027. Además, si no obtienen respuesta de la Administración y avances abriendo negociaciones, no descartan incluso la convocatoria de huelga.