Los socialistas denuncian que 19 de las 26 parroquias de mayor actividad incendiaria volvieron a arder en 2025
La diputada del Grupo Socialista Carmen Rodríguez Dacosta acusó hoy a la Xunta de no ser capaz de acreditar que las Parroquias de Alta Actividad Incendiaria (PAAI) reciban un tratamiento distinto al del resto del territorio, pese a que la Ley de Montes exige para ellas medidas extraordinarias de prevención. Lo hizo durante la comparecencia del director general de Defensa del Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, en la que Dacosta reclamó saber cómo se planifica, se ejecuta y se evalúa la acción preventiva en estas zonas.
La socialista se apoyó en los datos oficiales de 2025, obtenidos al amparo de la Ley de Transparencia, que revelan que 19 de las 26 parroquias catalogadas como de máxima actividad incendiaria volvieron a sufrir incendios, casi el 75 %. “Casi tres de cada cuatro parroquias en las que la propia Xunta asegura intensificar la vigilancia y aplicar medidas extraordinarias volvieron a arder”, subrayó. En esas parroquias se registraron más de 80 focos y dos de los mayores incendios de la ola forestal del año se iniciaron precisamente en ellas: Requeixo, en Chandrexa de Queixa, y A Granxa, en Oímbra.
Dacosta recordó que solo cinco de las 26 parroquias prioritarias quedaron libres de incendios en 2025 y cuestionó el baile de cifras de los últimos planes: de las 40 parroquias identificadas en el Pladiga 2024 se pasó a 26 en el de 2025, una reducción que el presidente de la Xunta presentó como un logro justo en el año de la peor ola de incendios de las últimas décadas, para volver a ampliar la lista hasta 35 en el Pladiga 2026. “¿Qué cambió en tan solo un año, el riesgo del territorio o la valoración que hacía la propia Xunta?”, preguntó.
Prevención que llega tarde
La diputada situó estos datos en el marco de lo que el Grupo Socialista lleva meses denunciando en la Comisión: fajas secundarias sin limpiar antes del 31 de mayo, encomiendas a SEAGA formalizadas con la campaña ya iniciada y trabajos preventivos ejecutándose en plena época de máximo riesgo. “No es un problema de planificación, es un problema de ejecución y de responsabilidad política. La prevención no se mide por los anuncios, se mide por lo que hay hecho en el territorio antes de que empiece el fuego”, afirmó.
Dacosta puso como ejemplo Vilardevós, donde tras los incendios de 2025 el Ayuntamiento solicitó incluir 22 núcleos como prioritarios y solo se aceptaron tres, y denunció que este año no se remitieron a los propietarios las comunicaciones para limpiar las parcelas a tiempo, cuando las inspecciones terminaron en octubre y las cartas deberían enviarse en marzo o abril. Reprochó también que propietarios que contrataron y pagaron la limpieza a SEAGA en las zonas prioritarias llegasen a la campaña de máximo riesgo con las actuaciones sin ejecutar. “Cuando la Xunta ofrece un servicio público de prevención, cobra por él y no llega a tiempo en las zonas de mayor riesgo, lo que falla ya no es el propietario. Lo que falla es el sistema”, señaló.
La diputada terminó reclamando un sistema real de evaluación, con indicadores y con un informe anual que permita conocer, parroquia por parroquia, las actuaciones ejecutadas y sus resultados. “La prevención no se anuncia. Se planifica, se ejecuta y se evalúa. Y hoy ha quedado demostrado que la Xunta no puede acreditar ninguna de esas tres cosas. En prevención, la Consellería de Medio Rural está suspendiendo año tras año”, concluyó.