Meirás entra en una nueva fase con la cesión a Galicia sobre la mesa
El pazo de Meirás llega a una nueva etapa después de que el Tribunal Supremo confirmase que el inmueble pertenece al Estado y ordenase su devolución definitiva por parte de los herederos de Franco. La batalla por la titularidad queda así cerrada, pero se abre ahora una segunda fase política, patrimonial y judicial: decidir quién gestionará las Torres, cómo se abrirán al público, qué relato se construirá sobre su pasado y cuánto deberá abonarse, si procede, por los gastos reconocidos a la familia del dictador.
El Gobierno central sitúa todas esas decisiones en un órgano interadministrativo creado en 2021 y en el que están representadas la Administración General del Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo evita fijar una posición cerrada sobre la cesión modal a Galicia, pero deja abierta esa vía al señalar que será esa comisión la que resuelva sobre el destino definitivo, los usos, la gestión compartida y la participación social.
La comisión, presidida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, nació para coordinar la gestión del pazo mientras no hubiera una sentencia firme. El protocolo de 2021 ya preveía una gestión participada, la conservación del inmueble, la recuperación de las visitas y la creación de un comité de personas expertas para proponer el relato y los futuros usos de Meirás.
La diferencia es que ahora ya no hay provisionalidad sobre la propiedad. El Supremo desestimó los recursos presentados en el litigio y confirmó la titularidad estatal, aunque reconoció a los herederos de Franco el derecho a reclamar una compensación por los gastos necesarios y útiles realizados durante la posesión del inmueble. Esa liquidación abrirá una nueva disputa judicial, en la que cada factura y cada inversión deberán ser acreditadas antes de que se fije una cuantía.
La reapertura es otro de los puntos de presión. La Xunta reclamó al Estado que acometa las obras necesarias para garantizar la conservación y la seguridad de Meirás y permitir visitas públicas al interior de las Torres en su totalidad. El Gobierno gallego también avanzó su intención de elaborar una propuesta actualizada de plan de usos que integre el legado de Emilia Pardo Bazán y el proceso por el que el pazo acabó convertido en residencia del dictador.
Los colectivos memorialistas comparten que la comisión puede ser una fórmula válida, pero reclaman garantías. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide que la sociedad gallega, y especialmente el movimiento memorialista, tenga participación real en las decisiones. También exige que comiencen sin demora los trabajos para la resignificación del espacio, la cesión modal a Galicia y la apertura pública efectiva del inmueble.
Meirás mantiene además una protección patrimonial singular. Las Torres fueron declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de sitio histórico en 2008, una figura que reconoce tanto su vinculación con Emilia Pardo Bazán como su papel durante la dictadura franquista. Más recientemente, el Estado inició el procedimiento para declararlo Lugar de Memoria Democrática y abrió un período de información pública dentro de esa tramitación.
El estado actual del pazo puede resumirse en cuatro frentes abiertos: la propiedad ya es pública, la gestión futura sigue pendiente de acuerdo político, el acceso al interior continúa limitado y la factura por los años de posesión de los Franco está sin cerrar. Después de años de litigio, Meirás deja de estar en el centro de una disputa sobre quién es su dueño para entrar en otro debate igual de decisivo: qué hacer con un símbolo que Galicia quiere convertir en espacio público de memoria, cultura y reparación democrática.