Miles de personas salen a la calle en Santiago en apoyo de Palestina
Miles de personas recorrieron este domingo, 4 de octubre, las calles de Santiago de Compostela en una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino convocada por la plataforma Galiza pola Paz y la asociación Galiza por Palestina. La movilización, respaldada por más de 60 entidades y organizaciones del tejido social gallego, se desarrolló bajo el lema "Galiza con Palestina. Resistencia, liberdade e paz".
La convocatoria tuvo lugar en el marco del tercer año de genocidio en Palestina y cuando se cumple un año de la aplicación del plan de paz promovido por Estados Unidos, que los organizadores consideran irregular e insuficiente. La marcha partió poco después de las 12.00 horas de la Alameda y recorrió diferentes calles del centro de Santiago hasta llegar a la plaza de Praterías, que quedó llena de manifestantes.
Antes del inicio de la marcha, la portavoz de Galiza por Palestina, Ánxela Gippini, denunció lo que calificó como "silenciamiento mediático" sobre la situación en Gaza y advirtió de que el genocidio continúa, al tiempo que puso el foco en el bloqueo de la ayuda humanitaria y en el cierre de los pasos fronterizos por parte de Israel. Por su parte, el portavoz de Galiza pola Paz, Rafa Vilar, destacó la elevada participación, que interpretó como una nueva muestra de la posición histórica de una parte de la sociedad gallega en defensa del pueblo palestino, de la paz y de la libertad.
Al finalizar la manifestación, los convocantes dieron lectura al manifiesto y a la relación de entidades que apoyaron la movilización. El documento se articula en torno a diez reivindicaciones, entre ellas la exigencia de un alto el fuego efectivo, la entrada sin trabas de ayuda humanitaria y una investigación independiente de los crímenes de guerra y contra la humanidad denunciados por los organizadores.
El manifiesto reclama también a la Unión Europea la suspensión del Acuerdo de Asociación y de las relaciones preferentes con Israel mientras continúen las vulneraciones del derecho internacional. Además, demanda al Estado español que rompa las relaciones comerciales y militares con la "entidad genocida", incluidas la venta y el tránsito de armamento, y que impulse medidas de rendición de cuentas en el ámbito internacional.
Entre las peticiones figura igualmente la apertura permanente de los pasos fronterizos, el levantamiento del bloqueo y la llegada de ayuda humanitaria, agua, combustible y material sanitario y educativo a la población de Gaza. Los convocantes reclaman también una investigación exhaustiva e independiente sobre el genocidio y los crímenes contra la humanidad, así como el apoyo al proceso abierto ante la Corte Internacional de Justicia.
La movilización puso también el foco en las actuaciones de las instituciones gallegas y españolas. Los organizadores criticaron a la Xunta por mantener, a su juicio, una posición alejada del conflicto internacional y acusaron al Gobierno español de limitarse a "anuncios efectistas" mientras mantiene relaciones con Israel. También cuestionaron el papel de la Unión Europea, a la que reprochan mantener relaciones comerciales y diplomáticas con la parte israelí pese a las declaraciones públicas sobre el conflicto.
En el manifiesto, las entidades convocantes exigen expresamente a la Xunta de Galicia que adopte una posición clara en defensa de la legalidad internacional y que cancele cualquier relación institucional, comercial o de cooperación que mantenga directa o indirectamente con entidades a las que consideran cómplices de la ocupación.
La persecución de la solidaridad con Palestina fue otro de los asuntos abordados durante la movilización. Los convocantes denunciaron las denuncias recibidas por personas solidarias en los últimos meses y rechazaron que las críticas al Estado de Israel sean consideradas delitos de odio. "Ser antisionista no es un delito", sostienen en el manifiesto, en el que defienden que la oposición al supremacismo, a la limpieza étnica y a los crímenes contra la humanidad forma parte, en su opinión, de los mínimos democráticos.
El documento también incorpora una denuncia de la violencia en Cisjordania ocupada y reclama el fin de las expulsiones forzadas y de la expansión de los asentamientos. Según los convocantes, los ataques contra la población civil palestina no cesaron tras el anuncio del plan de paz de octubre de 2025 y la violencia de los colonos se intensificó en Cisjordania.
Como conclusión, las entidades participantes reivindicaron el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno de las personas refugiadas. También advirtieron contra la posibilidad de que el alto el fuego, que califican de falso, termine consolidando el bloqueo, la fragmentación territorial y la ocupación.