Movimiento Sumar Galicia critica la falta de medidas de la Xunta para proteger a las trabajadoras del SAF
Movimiento Sumar Galicia expresó su apoyo a las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) y denunció la negativa de la Xunta de Galicia a asumir compromisos concretos para reforzar su seguridad frente a las agresiones y garantizar la aplicación efectiva de las medidas de protección.
La organización considera que esta postura evidencia una falta de compromiso del Gobierno gallego con un servicio que califica de esencial y con las profesionales que lo sostienen. Así lo manifestó la secretaria de Igualdad, Derechos Humanos y LGTBIQA+ de Movimiento Sumar Galicia, Rocío Núñez, quien criticó el modelo de cuidados desarrollado en los últimos años por la Administración autonómica.
Según señaló, el SAF representa un sector fuertemente feminizado, privatizado y marcado por la precariedad laboral. Núñez sostiene que la Xunta, como administración competente en materia de dependencia, lleva años trasladando responsabilidades a los ayuntamientos sin aportar la financiación necesaria, favoreciendo la externalización del servicio y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus profesionales.
La formación también lamentó que, un año después del asesinato de Teresa, trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar en O Porriño, no se haya garantizado todavía la aplicación efectiva de las medidas anunciadas para incrementar la seguridad del personal. “Es inaceptable que tuviese que producirse un crimen tan terrible para abrir este debate y que, doce meses después, las trabajadoras sigan expuestas a un riesgo real por la inacción del Gobierno gallego. No hay sistema público de cuidados posible si no se cuida también de quien cuida”, afirmó Rocío Núñez.
Movimiento Sumar Galicia enmarca esta situación en un contexto más amplio y recuerda la reciente abstención del Partido Popular en el Congreso durante la votación de la reforma del sistema de discapacidad y dependencia, una norma orientada a reforzar la financiación y ampliar los derechos de las personas en situación de dependencia.
Ante esta situación, la organización reclama a la Xunta que asuma plenamente sus competencias, garantice la protección de las trabajadoras del SAF e impulse un sistema público gallego de cuidados basado en empleo digno y servicios de calidad. “Los cuidados no pueden seguir siendo un negocio ni sostenerse sobre la precariedad de las mujeres”, concluyó Núñez.