Movimiento Sumar Galicia reclama en Nigrán el derecho a una vivienda digna y la prórroga de los alquileres
Movimiento Sumar Galicia celebró en la Biblioteca Pública Municipal de Nigrán sus Jornadas Nacionales bajo el lema “Por el derecho a una vivienda digna en nuestro país!”, un encuentro centrado en el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas sociales en Galicia. El espacio sirvió para abrir un debate político y social en torno a la situación residencial y a las dificultades que afronta la mayoría de la población.
La apertura de la jornada estuvo conducida por Rosario Pérez Graña y Ramón Sarmiento, coordinadores comarcales de la organización, y contó con la participación de Paulo Carlos López, secretario general de la formación, y de Verónica M. Barbero, presidenta de Movimiento Sumar Galicia y portavoz de Sumar en el Congreso.
Durante su intervención, Paulo Carlos López defendió la necesidad de recuperar la prórroga extraordinaria de los alquileres para proteger a las personas inquilinas frente a las subidas de precios y garantizar estabilidad residencial. Criticó también la decisión de Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya de rechazar medidas de este tipo y advirtió de que la vivienda debe entenderse como un derecho social y no como un activo especulativo.
A lo largo de la jornada se analizó la situación del acceso a la vivienda tanto en Galicia como en el conjunto del Estado, marcada por el incremento continuado de los precios, las dificultades de acceso para amplios sectores sociales y los procesos de especulación que, según se expuso, contribuyen al desplazamiento de vecinos de sus barrios.
El encuentro incluyó también una mesa de entidades con la participación de Provivienda y MOVE Baiona, moderada por Plácido Lizancos, profesor titular de la Universidade da Coruña.
Movimiento Sumar Galicia puso en valor el trabajo realizado en los últimos meses en torno a una Iniciativa Legislativa Popular sobre vivienda ya preparada, con la que busca impulsar medidas estructurales para garantizar el acceso a la vivienda. La organización defendió la ampliación del parque público residencial, el refuerzo de las políticas públicas y la limitación del poder de los grandes fondos de inversión en el mercado de la vivienda.