Pensionistas de la CIG entregan cerca de 4.500 firmas en demanda de una atención sanitaria de calidad
El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG presentó esta mañana, en el registro del Sergas, cerca de 4.500 firmas recogidas en el transcurso de la campaña que viene desarrollando para exigir que se adopten las medidas necesarias para frenar el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública y exigir una atención sanitaria pública, universal y de calidad.
Coincidiendo con la entrega de las firmas, el colectivo se concentró delante de las dependencias del Sergas, donde dio lectura a un manifiesto en el que denunció la situación que calificó de “insostenible” y el “grave deterioro” que está padeciendo la sanidad pública gallega.
Las personas jubiladas y pensionistas de la CIG afirman que este deterioro “no es casual”, “no es accidental” y “no es un error puntual”, sino que es “consecuencia directa de las políticas de desmantelamiento y privatización” que, según denuncian, está aplicando el Gobierno de la Xunta presidido por Alfonso Rueda.
En este sentido, sostienen que lo que está ocurriendo en la sanidad pública responde a una “estrategia planificada” que produce listas de espera “inasumibles”, derivaciones sistemáticas a la sanidad privada y penalizaciones para quien decide defender su derecho a ser atendido en el sistema público.
Graves consecuencias
Advierten, además, de que esta realidad tiene consecuencias especialmente graves para las personas mayores de 60 y 65 años y para quienes conviven con patologías crónicas, ya que, según señalaron, cuando la salud falla “el tiempo no es neutro”. Por eso denunciaron que los tiempos de espera empeoran la salud, aumentan la dependencia y, en demasiados casos, provocan daños irreversibles.
Como muestra de esta situación, relataron distintos ejemplos concretos. Así, denunciaron que en Vigo hay personas a las que se les comunica que, si no aceptan operarse en sábado en la sanidad privada, pasarán al final de la lista de espera; que en Lugo hay pacientes que esperan dos y tres años por consultas de oftalmología o por intervenciones de retina; que en A Coruña un jubilado de 68 años tuvo que esperar dieciocho meses por una prueba de próstata; que en Ferrol una persona derivada a fisioterapia privada, al negarse a aceptar esa derivación, nunca más fue llamada; y que en Pontevedra hay personas de más de 75 años que llevan uno y dos años de espera por una prótesis de cadera o por una consulta de urología.
Junto a estos casos, denunciaron que existen personas que esperan cinco años por una operación de cataratas, que hay quien lleva meses y años esperando por pruebas diagnósticas y que algunas personas perdieron salud de forma irrecuperable mientras permanecían en una lista de espera.
Por eso rechazaron que se trate de situaciones aisladas y aseguraron que responden a un modelo sanitario concreto que desvía dinero público a la sanidad privada mientras debilita el sistema público.
Atención Primaria
La situación de la Atención Primaria ocupó también una parte central de la protesta. El colectivo denunció el tiempo que tarda actualmente una persona en conseguir cita con el médico o médica de cabecera y denunció que en muchos centros de salud de Galicia es imposible obtenerla en el mismo día y, a veces, tampoco al siguiente. Según advirtieron, existen centros donde la espera supera los diez, catorce e incluso diecinueve días. Una situación especialmente preocupante, señalaron, porque la Atención Primaria constituye la puerta de entrada al sistema sanitario y, si esa puerta está cerrada, “todo el sistema falla”.
El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG entiende además que la defensa de la sanidad pública es una “lucha de país”, pero también una cuestión de “justicia social” y de “dignidad”, especialmente para quienes ya dieron toda una vida de trabajo. En este sentido, reclaman que las personas mayores sean tratadas como ciudadanos con derechos y no como una carga para el sistema.
Por todo ello, exigieron al Gobierno del PP en la Xunta que termine con la que calificaron como política de “aniquilación de la sanidad pública”, que ponga fin al desvío de dinero a la sanidad privada y que planifique y dote de los recursos humanos y materiales necesarios al sistema sanitario público para garantizar una atención sanitaria digna y equitativa para todas las gallegas y todos los gallegos.
El colectivo concluyó haciendo un llamamiento a la defensa de la sanidad pública y a la movilización social para frenar su deterioro, insistiendo en que las personas mayores tienen edad, pero también derechos, y reivindicando la continuidad de la lucha en la calle en defensa de un sistema sanitario público, universal y de calidad.