Personal de escuelas infantiles se encierra en San Lázaro para denunciar "incumplimientos laborales"
Trabajadoras del Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar se encierran hoy en el Edificio Administrativo de San Lázaro, a las puertas del Consorcio, para denunciar los graves incumplimientos laborales que se están produciendo tras el proceso de estabilización del personal de las escuelas infantiles y reclamar la dimisión del Gerente como máximo responsable de la situación.
El motivo del encierro, según explicó Rebeca Quintillán, es “el hecho de que se están dando muchísimos problemas con la cuestión de las altas y bajas en la Seguridad Social” después de los ceses efectivos del personal laboral, que debían producirse el 17 de agosto.
Según denuncian las trabajadoras, en el momento en que se realizaron las tomas de posesión de las trabajadoras de las escuelas infantiles, programadas para el 18 de agosto, deberían haberse ejecutado el día anterior los ceses del personal que ocupaba temporalmente esos puestos. Estos ceses deberían ir acompañados de la emisión de los correspondientes certificados de empresa para todas aquellas trabajadoras que no obtuvieron plaza en el proceso de estabilización y cuyo contrato terminaba al finalizar el objeto de su cobertura.
Sin embargo, Rebeca Quintillán denuncia que “a día de hoy hay mucha gente que todavía no tiene la baja efectiva en la Seguridad Social y, por supuesto, tampoco tiene los certificados de empresa, lo que hace que no pueda cobrar la prestación por desempleo”.
La situación está provocando graves consecuencias para las trabajadoras afectadas. “Algunos están a punto de cumplir el segundo mes sin cobrar dicha prestación; gente que tiene hipotecas, familias monoparentales, gente que en su día a día no tiene por qué vivir de esa forma, cuando realmente tiene derecho a percibir una prestación”, explicó.
La demora en los ceses tiene también consecuencias sobre la posibilidad de acceder a nuevos contratos. “La gente que no es dada de baja en la Seguridad Social y aparece como empleada, digámoslo así, tampoco puede participar ni activarse en la lista de llamamientos en el momento en el que se están ofertando muchísimas vacantes”, señaló Quintillán.
Esta situación resulta especialmente grave en este momento, según las trabajadoras, debido a las vacantes que se están generando como consecuencia del propio proceso de estabilización del personal. “Entonces, la pescadilla que se muerde la cola afecta a un número muy elevado de personas”, resumió Quintillán.
Las trabajadoras denuncian además problemas con el reconocimiento de las vacaciones retribuidas no disfrutadas. Según explican, una vez que se tramita la baja, estas vacaciones no siempre aparecen correctamente reflejadas en la vida laboral y en los certificados de empresa, incluidas las que se pudieran haber acumulado de años anteriores.
“No le computan y, por lo tanto, el certificado de empresa viene mal. Por lo tanto, llegan al SEPE y tampoco le pueden tramitar la prestación por desempleo”, denunció Quintillán.
Desde el personal afectado señalan que llevan semanas intentando comunicarse con el Consorcio para que se dé respuesta a una situación que consideran consecuencia de su propia gestión. Ante la falta de soluciones, presentaron una denuncia ante Inspección de Trabajo para reclamar que el personal cesado pueda acceder a los derechos que le corresponden.
Las trabajadoras consideran que el Consorcio Gallego de Igualdad y Bienestar está incumpliendo de manera abusiva los derechos laborales del personal afectado, al no tramitar correctamente y en el plazo correspondiente los ceses y los certificados de empresa. “Básicamente es el caos que se está generando por todos estos ceses”, afirmó Quintillán.