PSdeG y BNG critican los Presupuestos de la Xunta para 2027 por no dar respuesta a la vivienda y a la subida de los precios
El PSdeG y el BNG criticaron este viernes el proyecto de Presupuestos de la Xunta para 2027, presentado por el Gobierno de Alfonso Rueda, al considerar que no ofrece soluciones a los principales problemas de la ciudadanía, especialmente el acceso a la vivienda y el encarecimiento del coste de la vida. Ambas formaciones cuestionaron las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo gallego y advirtieron del incremento de la deuda pública y de los gastos asociados a los intereses.
La diputada socialista Patricia Iglesias calificó de propagandística la rebaja del IRPF presentada por la Xunta como una de las principales medidas de las nuevas cuentas. Según sus cálculos, para una pareja en la que ambos miembros perciben 25.000 euros brutos anuales y tienen dos hijos, el ahorro será de aproximadamente cinco euros al mes. «Esta es la realidad del anuncio propagandístico que hicieron esta mañana Rueda y Corgos», afirmó.
Iglesias relacionó esta medida con la evolución de los precios en Galicia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística publicados esta semana, el IPC registró en septiembre una subida interanual del 5,5 % en la comunidad, seis décimas por encima de la media estatal y la tasa más elevada del Estado, empatada con la de Castilla-La Mancha. La diputada lamentó que, mientras aumentan los costes de los combustibles, de la cesta de la compra y de la vivienda, el Gobierno gallego no adopte medidas que permitan aliviar la situación de las familias.
La socialista también cuestionó las nuevas rebajas fiscales, que, a su juicio, favorecen a las rentas y los patrimonios más elevados. «Hay un cinismo enorme por parte del Gobierno de Rueda: bajar impuestos a quienes más tienen, pero pedirle al Estado que financie más el Estado del bienestar y los servicios públicos», señaló.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, criticó el anuncio de la Xunta de duplicar la partida destinada a la construcción de vivienda hasta los 326 millones de euros. Según su valoración, esa cifra representa apenas 17 millones más que la inversión de 2009, una vez actualizado el importe según el IPC. Pontón calificó el anuncio de «tomadura de pelo» en un contexto en el que miles de gallegos y gallegas tienen dificultades para acceder a una vivienda, incluso en alquiler.
La líder nacionalista acusó al Gobierno gallego de mantener una política de vivienda insuficiente y centrada en la construcción y en la venta, en lugar de facilitar el acceso al alquiler. Además, preguntó dónde están las 1.800 viviendas de alquiler social que, según recordó, Rueda había prometido tener construidas al finalizar 2026.
El PSdeG también cuestionó las medidas fiscales previstas en materia de vivienda. Iglesias considera que la rebaja del impuesto sobre actos jurídicos documentados beneficia a los propietarios y facilita las operaciones de venta, pero no resuelve las dificultades de los jóvenes y de las familias con menos recursos. Frente a esta política, defendió impulsar el alquiler y movilizar las viviendas vacías mediante un banco público, así como aplicar los instrumentos previstos en la Ley estatal de vivienda, cuyo recurso presentado por la Xunta fue desestimado por el Tribunal Constitucional en septiembre.
Pontón incidió igualmente en que las rebajas fiscales anunciadas benefician a los sectores con mayor capacidad económica. En el ámbito de la vivienda, criticó especialmente los beneficios dirigidos a los constructores, mientras miles de personas no pueden asumir el coste de un alquiler. También advirtió de que el Ejecutivo gallego continúa manteniendo, según denunció, beneficios fiscales por valor de 40 millones de euros para unas 7.000 personas con mayor patrimonio.
Otro de los puntos de discrepancia es la evolución de la deuda pública gallega. Iglesias recordó que esta rondaba los 4.000 millones de euros antes de la llegada del PP al Gobierno en 2009 y que, según los últimos datos del Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2026, alcanzó los 13.357 millones, su máximo histórico. La diputada consideró irónico que la Xunta presuma de no aumentar el endeudamiento cuando la deuda se ha triplicado desde entonces.
Pontón también puso el foco en el incremento del coste financiero de la deuda, cuyo pago de intereses aumentará un 10,3 %. La portavoz nacional del BNG recordó que el endeudamiento representa el 15 % del PIB gallego, frente al 6,8 % de 2008, cuando ascendía a 3.954 millones de euros. En este contexto, criticó que Rueda rechazase la condonación de 4.000 millones de euros negociada por el BNG.
Ambas formaciones denunciaron también la falta de medidas concretas para responder a la situación económica de las familias. Pontón señaló que la subida de los precios afecta especialmente a Galicia, donde los salarios y las pensiones están por debajo de la media estatal. Además, alertó del peso de la factura energética en la evolución del IPC y criticó que la Xunta continúe rechazando la propuesta de una tarifa eléctrica gallega para reducir el coste de la luz para hogares y empresas.
Iglesias, por su parte, reprochó al Gobierno gallego que presentase los presupuestos en una rueda de prensa antes de entregarlos al Parlamento, lo que consideró un desprecio a la Cámara y a los grupos de la oposición. También advirtió de que las cifras anunciadas por la Xunta no siempre se traducen en una ejecución efectiva de las partidas previstas.
Frente a las cifras presentadas por el Ejecutivo, la diputada socialista destacó dos datos que considera especialmente preocupantes: las 36.773 personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia y las 378.749 personas que esperaban algún tipo de atención en las listas de espera del Sergas al cierre de 2025, según los datos publicados por el propio servicio de salud.
Tanto el PSdeG como el BNG consideran que el proyecto presupuestario para 2027 mantiene una línea continuista y no ofrece respuestas suficientes a los problemas de acceso a la vivienda, a la pérdida de poder adquisitivo y a las dificultades de los servicios públicos. Ambas formaciones coinciden en criticar que las rebajas fiscales ocupen un lugar destacado en las cuentas mientras, a su juicio, no se refuerzan las medidas destinadas a la mayoría social.