Sumar Galicia reclama que se frenen los despidos en Nestlé
Movimiento Sumar Galicia mantuvo este viernes una reunión con el comité de empresa de Nestlé en Pontecesures junto a la diputada Verónica Martínez Barbero y a la secretaria de Organización de la formación, Gloria Alonso, para trasladar su apoyo al personal afectado por el ERE anunciado por la multinacional. La organización considera inaceptable que se pretenda destruir empleo en una planta estratégica para Galicia mientras la compañía continúa acumulando beneficios millonarios.
La planta de Pontecesures, la única de Nestlé en Galicia, produce leche condensada para distintos mercados internacionales y exporta alrededor del 70 % de su producción. El expediente planteado por la empresa supone el despido de 27 personas, cerca del 14 % de la plantilla, el porcentaje más alto de afectación de todo el Estado.
Movimiento Sumar Galicia cuestiona que Nestlé alegue causas para un despido colectivo en un centro de trabajo que, según traslada el comité, mantiene una elevada carga productiva y en el que son habituales las horas extra, el trabajo en fines de semana y el recurso a ETT y subcontratas. La organización recuerda además que Nestlé España cerró el año 2025 con una facturación récord de 2.894 millones de euros, un 12 % más que el ejercicio anterior.
“Esto no es gestión, es la ley de la selva. Hoy, Movimiento Sumar Galicia estuvimos en una reunión con el comité de empresa de Nestlé, en Pontecesures. Esta empresa tiene beneficios millonarios y tiene a las trabajadoras y trabajadores en huelga. ¿Por qué? Porque están amenazados con ir a la calle, con despidos. Beneficios millonarios y despidos. Desde Sumar Galicia exigimos que se respeten los derechos de las personas trabajadoras. Las empresas no pueden socializar los despidos y privatizar los beneficios”, afirmó Verónica Martínez Barbero al término de la reunión.
Movimiento Sumar Galicia se compromete a acompañar al comité de empresa en las iniciativas necesarias para defender el empleo y reclama al Gobierno que ejerza todas sus competencias como autoridad laboral para comprobar si las causas alegadas por la multinacional están realmente justificadas.
La formación insiste en que una empresa con beneficios históricos no puede destruir empleo sin explicaciones sólidas y reitera la necesidad de reforzar la protección de los derechos laborales frente a las prácticas de las grandes multinacionales.