Sumar Galicia y UGT ponen en marcha una ILP para garantizar el derecho a la vivienda en Galicia
Sumar Galicia y UGT-Galicia presentaron este lunes en Santiago de Compostela la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Por el derecho a la vivienda en Galicia”, una propuesta que pretende impulsar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y hacer frente al incremento de los precios de los alquileres y de la compra. La iniciativa cuenta también con el apoyo de Verdes Equo Galicia y tendrá que reunir al menos 10.000 firmas para llegar al Parlamento gallego, en un proceso que se prolongará durante unos 14 meses.
La propuesta parte de la consideración de que la crisis habitacional ya no afecta únicamente a las grandes ciudades, sino que se ha extendido también a las localidades medianas y pequeñas, especialmente en las zonas costeras y en el rural. Los promotores de la ILP denuncian que el encarecimiento de la vivienda ha avanzado muy por encima de la capacidad económica de los hogares mientras el parque público sigue siendo insuficiente.
Entre las principales medidas figura establecer un límite máximo para el alquiler de las viviendas destinadas a residencia habitual, fijado en un tercio del salario mínimo interprofesional (SMI). Para los hogares más vulnerables, la iniciativa contempla además ayudas públicas destinadas a cubrir la parte del alquiler que supere el 20% de los ingresos disponibles de la unidad de convivencia.
La ILP también propone incrementar de manera significativa la oferta pública de residencias universitarias. Para ello, apuesta por un plan gallego que permita que el 80% de las plazas sean públicas en un plazo de diez años, junto con una regulación de los precios para garantizar tarifas accesibles y transparentes.
Otro de los ejes de la iniciativa es el control de las viviendas de uso turístico. Sumar y UGT defienden que la inscripción en el registro autonómico esté condicionada a la existencia previa de una licencia municipal o de un pronunciamiento expreso sobre la compatibilidad urbanística de la actividad. También reclaman un sistema de intercambio de información entre Xunta y ayuntamientos y un refuerzo de las inspecciones para detectar pisos turísticos ilegales.
La propuesta incorpora igualmente medidas para combatir la discriminación en el acceso al alquiler y establece que las viviendas de promoción pública, protección autonómica o promoción privada protegida mantengan de forma permanente su condición, incluso cuando cambien de propietario.
El secretario general de UGT-Galicia, Cristóbal Medeiros, advirtió de que el problema de la vivienda afecta ya directamente a las personas trabajadoras, incluso a aquellas con empleo estable. “Un salario no es solo lo que entra en la cuenta. Es lo que queda después de pagar la vivienda”, afirmó.
Medeiros señaló que la tasa de riesgo de pobreza entre las personas que viven de alquiler ronda el 32% en Galicia, frente a algo más del 10% entre quienes residen en una vivienda en propiedad. También apuntó que tres de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 29 años continúan en el hogar familiar. “No tenemos una juventud acomodada. Tenemos una juventud bloqueada”, aseguró.
El responsable sindical vinculó también la falta de vivienda con la capacidad para cubrir determinados puestos de trabajo. “No podemos pedirle a una enfermera, a un maestro, o a una camarera que se traslade a una localidad en la que el alquiler se va a comer buena parte de su salario”, afirmó, antes de concluir: “Eso no es movilidad laboral. Eso es hacer imposible el empleo”.
En el ámbito de las viviendas turísticas, UGT quiere que el control se extienda también a las condiciones laborales de las personas que trabajan en ellas, con especial atención al registro de la jornada, a los desplazamientos, a la aplicación de los convenios colectivos, a los salarios y a la prevención de riesgos. Medeiros advirtió de la presencia de empleo precario, trabajo no declarado y jornadas parciales que no siempre se corresponden con las horas efectivamente trabajadas. “No se puede hacer turismo de lujo con empleo precario”, sentenció.
Según los datos manejados por el sindicato, el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida de Galicia cuenta con cerca de 36.000 inscripciones, más de siete de cada diez para acceder a una vivienda en alquiler o en alquiler con opción a compra. Por ello, UGT defiende que las viviendas protegidas no puedan perder esa condición con el paso del tiempo. “Una vivienda protegida no puede ser social al principio y especulativa al final”, afirmó Medeiros.
Por su parte, el secretario general de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, explicó que la iniciativa comienza ahora un recorrido que deberá culminar en el Parlamento gallego tras la recogida de las firmas necesarias, que podrá realizarse tanto presencialmente como por vía telemática.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica M. Barbero, acusó a la Xunta de falta de voluntad política para afrontar la situación y recordó que los precios del alquiler aumentaron un 60% en los últimos diez años. A su juicio, la emergencia habitacional “no es inevitable” y requiere medidas públicas para garantizar el acceso a la vivienda.
Los promotores de la ILP reclaman así el apoyo de la ciudadanía y de las fuerzas políticas para que el debate sobre la vivienda se traduzca en medidas concretas. “Si una persona trabaja a jornada completa y, aun así, no puede pagar un hogar, no ha fracasado esa persona, ha fracasado la sociedad”, concluyó Medeiros.