UCIN Galicia reclama medidas urgentes para evitar la muerte de aves en las pistas de pádel
El coordinador de UCIN Galicia, José Luis Calo, exigió este domingo una respuesta “inmediata y efectiva” por parte de los ayuntamientos gallegos ante el impacto ambiental que están provocando las pistas de pádel con cierres de cristal, a las que responsabiliza de la muerte de aves, incluidas algunas especies protegidas.
Calo advirtió de que se trata de un problema “real, creciente y evitable”, por el que instó a las administraciones locales a actuar dentro de sus competencias para garantizar la protección de la biodiversidad. Segundo señaló: “Los alcaldes no pueden permanecer impasibles ante una situación que ya está documentada”, por lo que reclamó acción municipal y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Desde la formación recuerdan que existen herramientas legales suficientes para intervenir, bien a través de ordenanzas municipales o mediante la adaptación de las instalaciones deportivas. En este contexto, UCIN Galicia advirtió de que la falta de actuación podría derivar en responsabilidades legales para los ayuntamientos. Además, subrayan que la Fiscalía General del Estado reforzó en los últimos años su criterio para actuar ante la muerte de aves por colisiones contra superficies acristaladas, llegando a contemplar en determinados casos la vía penal como delito contra la fauna.
La organización propone la adopción inmediata de soluciones técnicas de bajo coste que ya demostraron su eficacia, como la colocación de vinilos visibles en los cristales, la instalación de patrones anticolisión o el uso de redes protectoras. “Son medidas sencillas y económicas que pueden salvar numerosas vidas, por el que no hay excusas para no aplicarlas”, destacó Calo.
UCIN Galicia hace así un llamamiento directo a los ayuntamientos para que revisen las instalaciones existentes y actúen con rapidez, priorizando la adaptación de las pistas ubicadas en zonas especialmente sensibles para las aves. El coordinador concluyó recordando que “la protección del medio ambiente no es una opción, sino una obligación legal y moral a la que las administraciones deben responder”.