UGT impulsa el primer protocolo contra la violencia laboral en el Servicio de Ayuda en el Hogar en Galicia
UGT Servicios Públicos Galicia valoró muy positivamente la firma del Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), un documento pionero en la comunidad que establece un marco común de prevención, actuación y seguimiento frente a las situaciones de violencia que pueden sufrir las profesionales del sector durante el desempeño de su trabajo.
El protocolo es el resultado de varios meses de trabajo impulsados por la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) y coordinados técnicamente por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA). En su elaboración participaron UGT Servicios Públicos Galicia, CIG, CCOO Hábitat Galicia, CSIF Galicia, las organizaciones empresariales AGESAF y ASADE, así como el Colegio Oficial de Trabajo Social. El resultado fue un texto consensuado que, según el sindicato, supone un importante avance en la protección de las personas trabajadoras del sector.
La organización sindical lamentó, sin embargo, la ausencia de la Consellería de Política Social e Igualdad en el proceso de elaboración del documento, a pesar de estar convocada para participar. UGT considera difícil de comprender esta falta de implicación en una iniciativa orientada a mejorar la seguridad laboral de miles de profesionales de un servicio considerado esencial.
El Servicio de Ayuda en el Hogar es un sector fuertemente feminizado en el que las trabajadoras desarrollan su actividad en domicilios particulares, muchas veces en situaciones de aislamiento y expuestas a episodios de insultos, amenazas, agresiones u otras conductas que pueden poner en riesgo su integridad física y psicológica. Con el nuevo protocolo se establece por primera vez en Galicia un procedimiento común para prevenir estas situaciones y actuar de manera coordinada cuando se produzcan.
Entre las medidas contempladas se incluye la evaluación previa de los riesgos laborales en los domicilios antes del inicio de la prestación del servicio, la identificación y seguimiento de los hogares con mayor nivel de riesgo, la formación específica de las profesionales en prevención de la violencia y gestión de conflictos, así como la información a las personas usuarias y a sus familias sobre los derechos, obligaciones y límites del servicio.
El documento también recoge la creación de canales de comunicación y registro obligatorio de las incidencias, protocolos específicos para actuar ante amenazas, agresiones verbales, agresiones físicas o violencia sexual, y el derecho de las trabajadoras a interrumpir la prestación y abandonar el domicilio cuando exista un riesgo grave e inminente para su seguridad sin sufrir consecuencias laborales.
Otra de las garantías incorporadas es que una profesional víctima de una agresión no tendrá que volver a prestar servicio en el domicilio donde se produjo el incidente. Además, se prevé apoyo sanitario, psicológico y asesoramiento jurídico para las personas afectadas, consolidando el principio de “Tolerancia Cero” frente a cualquier tipo de violencia ejercida contra las trabajadoras del SAF.
Junto con la aprobación del protocolo, las entidades participantes suscribieron un documento de compromisos para promover las modificaciones organizativas y normativas necesarias que permitan su aplicación efectiva. Entre las propuestas se incluyen la activación de la negociación del convenio colectivo del sector, la creación de un Observatorio Autonómico del SAF, la recuperación de la obligatoriedad del informe social en las solicitudes de dependencia, una línea autonómica de apoyo legal y psicológico a las víctimas de violencia y el refuerzo de la financiación de los servicios sociales, entre otras medidas.
Desde UGT Servicios Públicos Galicia consideran que la aprobación de este protocolo constituye un hito en la protección de las profesionales del Servicio de Ayuda en el Hogar al establecer por primera vez un marco común para prevenir, actuar y hacer seguimiento de las situaciones de violencia laboral. No obstante, advierten de que su eficacia dependerá de la voluntad de las administraciones para dotar a los ayuntamientos y a las entidades prestadoras de los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.
El sindicato asegura que continuará trabajando para que los compromisos adquiridos se transformen en medidas reales que garanticen la seguridad, la dignidad y el reconocimiento de las profesionales del sector, insistiendo en que quien cuida también tiene derecho a desarrollar su trabajo con seguridad y sin sufrir ningún tipo de violencia.