UGT Servicios Públicos anuncia acciones legales para frenar el “desmantelamiento” de Down Vigo
UGT Servicios Públicos Vigo anunció que pondrá en marcha “todas las acciones legales necesarias” para impedir, según denuncia el sindicato, la pérdida de los valores y el deterioro de los servicios de la asociación Down Vigo tras las últimas decisiones adoptadas por su actual junta directiva.
El sindicato asegura que la situación se agravó después del despido de cinco trabajadores el pasado 20 de mayo y denuncia que ya comenzaron a producirse las primeras incidencias en los servicios prestados a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual atendidas por la entidad.
Según explica UGT, la junta directiva convocó el pasado 25 de mayo una asamblea informativa con la plantilla en la que, aseguran, no se permitió ni réplica ni intervención de las personas asistentes. Durante esa reunión, la dirección trasladó a los trabajadores un ultimátum para que elaboren una propuesta de ampliación de sus jornadas laborales.
Desde UGT Servicios Públicos Vigo consideran que esta medida supone una vulneración del Estatuto de los Trabajadores, ya que, según denuncian, la entidad pretende modificar las condiciones laborales de la plantilla obligando al personal a incrementar las horas de trabajo sin ningún tipo de compensación y alterando el calendario laboral aprobado para 2026.
El sindicato afirma que esta ampliación horaria busca cubrir las carencias generadas por la reducción de personal y califica de “nefasta” la gestión de la actual junta directiva. Además, advierte de que la disminución de profesionales ya está repercutiendo en la calidad de la atención a las personas usuarias de la asociación.
UGT anunció también que solicitará reuniones urgentes con administraciones y organismos vinculados a la entidad para intentar evitar, según señalan, “el descalabro” provocado por las decisiones unilaterales de la dirección.
La organización sindical asegura que continuará defendiendo los derechos laborales de la plantilla y rechaza que las personas usuarias, sus familias y los profesionales “paguen las consecuencias de una conducta autoritaria y de una gestión ineficaz” por parte de la junta directiva de Down Vigo.