UGT y CC.OO. avalan un principio de acuerdo en el metal de Pontevedra mientras la CIG carga contra el convenio
La negociación del convenio colectivo del metal de Pontevedra ha dado un paso adelante con la consecución de un principio de acuerdo entre la patronal y los sindicatos UGT y CC.OO., aunque la CIG ha decidido desmarcarse del pacto. El entendimiento llega tras semanas de negociaciones, con más de una docena de encuentros entre las partes y tres jornadas de huelga celebradas durante este mes de mayo, acompañadas de multitudinarias movilizaciones en Vigo.
El borrador del nuevo convenio tendrá una duración de cuatro años y contempla una subida salarial acumulada del 15 %. La distribución de las mejoras económicas se realizará con un incremento del 5 % en 2026, del 4 % en 2027 y del 3 % en 2028 y 2029. Además, se establecerá una cláusula de revisión vinculada al IPC, aunque con un límite máximo del 2,5 % en los tres últimos ejercicios del acuerdo.
Entre las novedades también figura una mejora específica para los oficiales de primera, que verán incrementadas sus retribuciones con un 0,5 % adicional en 2028 y otro 0,5 % en 2029 respecto a los oficiales de segunda.
El preacuerdo incorpora otras medidas laborales, como el pago de uno de los complementos asociados a trabajos tóxicos, penosos o peligrosos en los astilleros, varaderos y centros de reparación naval. Asimismo, se recoge la implantación de la jornada intensiva durante, al menos, el mes de julio en estos centros de trabajo.
Otra de las modificaciones pactadas será el aumento de un día en las vacaciones anuales, que pasarán a ser de 24 días, además de una reducción de la jornada laboral anual hasta las 1.752 horas a partir de 2027, lo que supone ocho horas menos que en la actualidad.
Desde UGT y CC.OO. valoraron de forma positiva el resultado de las negociaciones y calificaron el futuro convenio como un acuerdo “histórico”, asegurando que representa el mejor pacto alcanzado en las dos últimas décadas para el sector. El texto deberá ser ahora sometido a la aprobación de las respectivas asambleas de trabajadores.
En cambio, la CIG mostró una postura totalmente contraria al entender que el pacto no responde a las demandas expresadas durante las protestas. El sindicato considera que el acuerdo queda lejos de las expectativas generadas tras las movilizaciones e insiste en que los trabajadores tenían fuerza suficiente para conseguir condiciones más favorables.
La central nacionalista critica especialmente que la actualización salarial ligada al IPC no esté garantizada durante los cuatro años de vigencia del convenio y censura también que la subrogación quede restringida a las empresas de telecomunicaciones y eólica con más de medio centenar de empleados.
Del mismo modo, cuestiona la falta de avances en materia de jubilación anticipada, considera escasa la reducción de la jornada anual y reprocha que la jornada continua quede limitada únicamente al mes de julio.
La CIG anunció además la convocatoria de asambleas de trabajadores para este lunes a las 18.00 horas, con el objetivo de informar sobre su posición y analizar los siguientes pasos en el conflicto laboral.