Vigo impulsa ayudas para rehabilitar viviendas y el BNG propone avales municipales y una oficina contra los abusos en el alquiler
El acceso a la vivienda y las dificultades para encontrar un alquiler asequible centran dos iniciativas que se abordarán en el ámbito de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Vigo. Mientras el Gobierno local, encabezado por Abel Caballero, apuesta por subvencionar la rehabilitación de inmuebles y movilizar viviendas vacías, el BNG propone crear un programa de garantías municipales y una oficina pública de asesoramiento para facilitar el acceso al alquiler y combatir los abusos inmobiliarios.
El alcalde de Vigo explicó que el Ayuntamiento pretende incorporar al mercado de alquiler a precio tasado una parte de las 12.000 viviendas vacías que, según los datos municipales, existen en la ciudad. Con este objetivo, el programa de ayudas a la rehabilitación cuenta con una dotación de 2,15 millones de euros, ampliables, y contempla subvenciones de hasta 20.000 euros a fondo perdido para financiar obras, certificados de eficiencia energética y seguros. En la próxima reunión de la Gerencia de Urbanismo se dará cuenta de la adjudicación de otras tres ayudas correspondientes a inmuebles situados en las calles Colombia, Enrique Lorenzo y Torrecedeira.
El Gobierno local también prevé abrir próximamente el plazo para solicitar las ayudas del primer Programa Municipal de Movilización de Viviendas Vacías, denominado ViveVigo. La iniciativa dispone de un presupuesto de 700.000 euros y tendrá continuidad en 2027, ya que está incluida en las cuentas municipales del próximo ejercicio.
El programa establece que el Ayuntamiento actúe como intermediario entre las personas propietarias y las interesadas en alquilar una vivienda. La administración municipal acordará con los propietarios un precio asequible e incorporará los inmuebles al mercado del alquiler. Además, garantizará el pago de la renta pactada incluso cuando la vivienda no esté alquilada y se comprometerá a devolverla en las mismas condiciones en las que la recibió. La intermediación municipal tendrá una duración de cinco años.
El Ayuntamiento también asumirá parte del coste del alquiler cuando el 30 % de los ingresos de una familia resulte insuficiente para cubrir la renta acordada con la persona propietaria.
Por su parte, el BNG de Vigo anunció que presentará en la próxima reunión de la Gerencia Municipal de Urbanismo dos propuestas para facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la protección de las personas inquilinas: la creación de un Programa de Garantía Municipal para el Alquiler y la puesta en marcha de una Oficina de Promoción y Apoyo al Alquiler.
El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, advirtió de que a las dificultades para acceder a una vivienda, marcadas por los elevados precios y la falta de oferta, se suman prácticas que, según denuncia, levantan nuevas barreras para las personas que buscan alquilar. Entre ellas citó la exigencia de avales bancarios de hasta doce mensualidades, seguros de impago, solicitudes ilegales de vidas laborales, fianzas superiores a las permitidas, cláusulas abusivas y situaciones de discriminación y acoso inmobiliario, especialmente contra los colectivos más vulnerables y la población racializada.
Ante esta situación, el BNG propone que el Ayuntamiento asuma directamente los avales y seguros que actualmente se exigen para acceder a un contrato de alquiler. La iniciativa incluiría también una línea de crédito sin intereses para anticipar las fianzas, que podrían devolverse en un plazo de 24 meses. Las medidas estarían dirigidas especialmente a la juventud y a las personas con menos recursos económicos.
Igrexas considera que el Ayuntamiento tiene capacidad financiera para impulsar estas ayudas, al contar con más de 200 millones de euros en remanentes. El portavoz nacionalista también criticó la gestión municipal en materia de vivienda y aseguró que el Gobierno de Abel Caballero no cumplió los acuerdos aprobados por el Pleno en marzo de 2024 a iniciativa del BNG.
La segunda propuesta nacionalista consiste en la creación de una oficina pública y gratuita que ofrezca asesoramiento jurídico, información sobre ayudas y mediación. El objetivo sería acompañar a las personas inquilinas, resolver dudas sobre sus derechos y facilitarles herramientas para actuar ante posibles cláusulas abusivas, situaciones discriminatorias o casos de acoso inmobiliario.
El BNG defiende que el Ayuntamiento debe asumir un papel activo en la protección de las personas que encuentran dificultades para acceder o permanecer en una vivienda de alquiler. Igrexas reclamó que la administración local actúe como apoyo frente a los abusos y contribuya a garantizar que el acceso a la vivienda sea un derecho efectivo.
Así, las dos iniciativas presentan vías diferentes para abordar el problema habitacional en Vigo: el Gobierno local apuesta por incentivar la rehabilitación e incorporar viviendas vacías al mercado mediante la intermediación municipal, mientras que el BNG reclama garantías económicas, financiación para anticipar las fianzas y asesoramiento público para reducir las dificultades de acceso y proteger los derechos de las personas inquilinas.