Xunta y PSdeG enfrentan sus posiciones sobre la transferencia de la AP-9 en medio del debate sobre las garantías económicas
La transferencia de la AP-9 volvió a centrar este miércoles el debate político en el Parlamento de Galicia, con posiciones enfrentadas entre la Xunta y el PSdeG sobre los pasos que deben darse para culminar el traspaso de la autopista. Mientras el Gobierno gallego reclama que el Estado garantice por escrito que Galicia no tendrá que asumir los costes derivados de las decisiones adoptadas antes de la transferencia, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de utilizar la vía de la comisión bilateral y un eventual recurso de inconstitucionalidad para ganar tiempo.
La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, defendió en el pleno que Galicia quiere la transferencia de la AP-9, pero reclamó que esta se produzca con un traspaso «pleno, correctamente financiado y con seguridad jurídica y financiera». La Xunta considera necesario que la Ley Orgánica que regula la transferencia recoja expresamente las garantías económicas pactadas para evitar que la comunidad gallega tenga que hacer frente en el futuro a costes millonarios.
Allegue reclamó que quede por escrito que Galicia no asumirá las consecuencias económicas de una eventual nulidad de las prórrogas de la concesión, que el Estado se hará cargo de las actuaciones e inversiones necesarias en la autopista y que estarán garantizados los recursos para ampliar las bonificaciones.
La conselleira advirtió de que sería «profundamente irresponsable» aceptar ahora la transferencia para descubrir posteriormente que Galicia debe asumir «miles de millones de euros» derivados de decisiones que no tomó. Por este motivo, la Xunta solicitó formalmente la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Galicia para resolver las discrepancias antes de culminar el proceso.
Según Allegue, este mecanismo permitiría garantizar la seguridad jurídica y financiera del traspaso y evitar ambigüedades en el texto aprobado en el Congreso. La intención del Gobierno gallego es que la futura Comisión Mixta de Transferencias pueda desarrollar sus trabajos sobre un marco «cierto y seguro».
La conselleira recordó, además, que la Xunta lleva más de una década reclamando la transferencia de la AP-9 a través de distintas iniciativas impulsadas por el Parlamento gallego. «Galicia quiere una AP-9 gallega, pero no una factura que no corresponde a los gallegos», defendió.
Frente a esta posición, Besteiro cuestionó la estrategia de la Xunta y acusó a Rueda de no querer asumir claramente si apoya o no el traspaso. Durante la sesión de control, el secretario general del PSdeG y portavoz parlamentario afirmó que la comisión bilateral propuesta por el Gobierno gallego es una forma de retrasar el proceso.
«Si no quiere la transferencia, que lo diga claramente y no engañe a la gente», reclamó Besteiro al presidente de la Xunta. El socialista defendió que el procedimiento debe pasar directamente por la Comisión Mixta de Transferencias, en la que, según explicó, se debería acordar el traspaso.
Besteiro consideró que el siguiente paso será previsiblemente un recurso de inconstitucionalidad por parte de la Xunta, al que acusó de servir para «ganar tiempo». «Primero la comisión bilateral, y se va ganando tiempo. Después el recurso, y se gana más tiempo. Todo para no hacer efectiva la transferencia de la AP-9», afirmó.
El debate sobre la autopista se produjo en el marco de una sesión de control en la que Besteiro centró buena parte de su intervención en las distintas emergencias que, a su juicio, afectan a Galicia. El líder socialista acusó a Rueda de carecer de planificación ante problemas como la sequía, los incendios, la vivienda o la situación de la sanidad y resumió su crítica con una frase: «Usted no tendrá un plan para todo, pero tiene un culpable para cada cosa».
Besteiro aseguró que la situación de sequía era previsible por los avisos registrados en los últimos años y cuestionó la respuesta de la Xunta, mientras también criticó la política de vivienda y los problemas de acceso a la sanidad pública. «Cuando una persona está enferma, señor Rueda, un anuncio de la Xunta no cura. Curan recursos, profesionales y planificación», afirmó.
El portavoz socialista también introdujo en el debate la situación de los menores migrantes que llegaron solos a Ceuta y pidió que no sean utilizados como «arma política». «Un niño no es una amenaza, es un niño, venga de donde venga», señaló.
La sesión parlamentaria evidenció así el choque entre las dos principales posiciones en torno a la AP-9: mientras la Xunta insiste en que no se opone a la transferencia pero exige blindar previamente las consecuencias económicas y jurídicas del traspaso, el PSdeG considera que el Gobierno gallego está poniendo obstáculos que pueden retrasar su materialización.
El debate continuará ahora en torno a los mecanismos que deben permitir cerrar las discrepancias entre ambas Administraciones y determinar las condiciones económicas y jurídicas definitivas del futuro traspaso de la autopista.