Xunta y rectorados de Galicia trabajan en los ajustes técnicos necesarios para la nueva ley de universidades
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, se reunió ayer por la tarde con las rectoras de las universidades de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras; y de Vigo, Carmen García Mateo; y con el rector de A Coruña, Ricardo Cao, para trabajar de manera conjunta para ajustar la Ley 6 del Sistema universitario de Galicia al actual marco normativo estatal marcado por, entre otras, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).
En un encuentro, en el que también tomó parte el secretario general de Universidades, José Alberto Díez, el conselleiro señaló que “la LOSU fue una oportunidad perdida, porque fue una ley poco ambiciosa y que no generó los cambios estructurales necesarios en el sistema universitario español”. De hecho, recordó que “aspectos vertebrales como la estructura de la financiación con carácter plurianual ya estaban recogidos” en el texto gallego. De este modo, y después de hacer un análisis jurídico, se concluyó que la inmensa mayoría de los cambios que hay que hacer en la ley gallega son de carácter técnico.
En esta situación, la Xunta opta por una adaptación de la ley gallega por ser el proceso más sencillo y ágil. Por tanto, estas modificaciones, en debate con las tres universidades, se incluirán en la Ley de medidas que acompañará a los Presupuestos de 2027.
Los cambios abordados en esta primera reunión de trabajo incluyen el refuerzo del papel de los Consejos Sociales, una propuesta ya trabajada conjuntamente con el Consejo Social de cada una de las tres universidades. En concreto, se introducirá la necesidad de ordenar, con carácter obligatorio y periodicidad anual antes de la aprobación de las cuentas de la universidad, la realización de una auditoría externa e independiente de dichas cuentas y de la gestión económico-administrativa de la universidad.
De este modo, se da contundencia a la función de estos órganos de supervisar las actividades de carácter económico de la universidad y aprobar sus cuentas anuales. La auditoría externa deberá realizarse con carácter previo a la aprobación de las cuentas anuales de la universidad. De esta forma se evaluará la corrección de la contabilidad entregada por la universidad, lo que redundará en una mayor estabilidad presupuestaria necesaria para estas instituciones, al permitir detectar posibles desajustes antes de comprometer los nuevos presupuestos.